En los últimos días, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que duró cerca de siete meses sin tener un director en propiedad, se refirió a la cantidad de solicitudes de registros sanitarios que tiene represadas en sus oficinas.
Si bien en marzo pasado se había conocido que esa entidad tenía alrededor de 18.000 trámites que estaban pendientes por ser resueltos, en una respuesta a una petición de información enviada por el diario El País de España, el Invima sostuvo que “se tienen identificadas 17.769 solicitudes de trámites asociados a los registros sanitarios”, con corte al pasado 14 de abril.
Así mismo, explicó que está llevando a cabo un “plan de contingencia” para resolver estos procesos burocráticos. Y le señaló al medio citado que hay cerca de “3.906 solicitudes de trámites de registros sanitarios nuevos”.
No se trata, sin embargo, de una situación nueva, pues se sabe que desde el año pasado la entidad ha tenido algunos problemas para resolver las solicitudes de los fabricantes de productos que requieren de su aval sanitario.
En entrevista con SEMANA, el exdirector del Invima, Francisco Rossi, ya había explicado cuáles son las principales razones que explican por qué hay tantas demoras en la resolución de las solicitudes que recibe esa entidad.
“Los trámites en el Invima son lentos, son complejos porque son muchas las variables y porque hemos tenido problemas con los sistemas de información. Tuvimos dos ciberataques y el Invima tiene un esquema para resolver las solicitudes de registro que hace que sea lento. El registro sanitario de medicamentos es lento en el mundo entero. Aquí habíamos hecho un esfuerzo para poner unos tiempos límites y no ha sido posible mantenerlos”, aseguró Rossi, en marzo pasado.
En su momento, Rossi también sostuvo que habían resuelto cerca de 400 trámites que estaban asociados a medicamentos que se encontraban en desabastecimiento. No obstante, también reconoció que había cerca de 600 trámites relacionados con productos que en algún momento habían aparecido en la lista de desabastecidos, que también es manejada por el Invima.
La posición oficial del Gobierno Nacional sobre la escasez de fármacos en territorio nacional apunta a que se trata de un fenómeno que tiene muchas causas, algunas de orden internacional y otras de orden nacional.
Para el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay medicamentos que se han vuelto difíciles de conseguir a raíz de las dinámicas propias de la economía de mercado. Como no son rentables para las empresas farmacéuticas, se dejan de producir aunque sigan siendo fundamentales para la salud pública en distintos países.
Ese es el caso de los medicamentos que se usan para tratar las llamadas “enfermedades tropicales” como la malaria, que se dan fundamentalmente en países de ingresos bajos y medianos y, por lo tanto, no generan un estímulo económico en la industria.
Para hacerle frente a esta situación, el Gobierno hizo una alianza con la Universidad de Antioquia que tiene como fin fortalecer la producción nacional de este tipo de fármacos.
“Si bien hay industria farmacéutica nacional privada, tener una industria farmacéutica nacional pública es un valor agregado. En esta planta de producción de medicamentos de la Universidad de Antioquia, si bien nos interesa que sea sostenible, nuestra filosofía es netamente social, por lo que el tema del costo de los medicamentos no es tan determinante”, aseguró Wber Orlando Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, citado en un comunicado de esa institución.
Así mismo, el académico manifestó la necesidad de que el país trabaje por su autonomía sanitaria “Como país no somos soberanos farmacéuticamente hablando, tenemos una gran dependencia de mercados internacionales y obviamente eso nos impide ser autosostenibles cuando se requiere”, señaló Ríos.
Entre los medicamentos que se producirán en la planta de la Universidad de Antioquia están la Niclosamida, Benznidazol, Praziquantel, Cloroquina y Tafinoquina.