La desnutrición infantil es uno de los temas que más genera preocupación y alerta en el país. Y aunque se anuncien y ejecuten acciones para contrarrestarla, surgen nuevos llamados para profundizar en la búsqueda de soluciones. Es así como el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Superintendencia de Salud Nacional, reforzar las acciones que eviten casos de desnutrición y muertes relacionadas.
“La situación nutricional de la primera infancia en el país es una grave y constante vulneración de derechos humanos en 2023, en especial en La Guajira. No nos podemos quedar en clamores y que los niños se sigan muriendo por desnutrición y causas asociadas, enfermedades absolutamente prevenibles, y por eso les he hecho un llamado urgente y les exigí acciones inmediatas y contundentes para que, en realidad, se proteja a la niñez en ese departamento”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En datos, según lo reportado por las autoridades, entre el primero de enero y el 18 de marzo se notificaron 59 muertes de niños y niñas menores de 5 años de edad por desnutrición y causas asociadas en el país, el mayor número de casos (18) ocurrió en La Guajira. Esto equivale al 30 % del total registrado en el país, lo que lo convierte en el departamento con el mayor número de casos notificados por mortalidad.
En lo que tiene que ver con reporte de la enfermedad, de acuerdo con el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 11, se han registrado 4.474 casos notificados de desnutrición aguda en todo el país. De estos, 376 son en La Guajira.
Por esa razón, el defensor hizo el llamado, solicitando acciones según las competencias de cada entidad.
“Solicitamos al ICBF informar cuáles son las acciones de urgencia o contingencia desarrolladas en La Guajira para detener este incremento y cuántos beneficiarios se están atendiendo a través de sus programas de prevención y atención de la desnutrición en la primera infancia”, aseguró Carlos Camargo Assis.
En lo relacionado con la Superintendencia de Salud, en el marco de sus funciones de control, inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, “le pedimos que adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, según lo establecido en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social”, agregó.
Asimismo, señalaron desde la entidad, que la aplicación de dicha resolución por parte de las EPS es necesaria para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad reconocida como una urgencia vital que requiere la identificación temprana e inicio de acciones oportunas desde el lugar de la identificación, asimismo se mitiguen actos incorrectos dentro de la práctica clínica.
“Lastimosamente, muchas entidades territoriales aún se encuentren en mora con su cumplimiento. La Defensoría ha encontrado que muchas de ellas no conocen el contenido de la resolución, a pesar de la existencia de los lineamientos no adoptan las acciones de prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición de los niños entre 0 y 59 meses, lo cual constituye una vulneración del derecho de la niñez al desarrollo integral”, añadieron.
Finalmente, Carlos Camargo Assis aseguró que “en los documentos enviados al ICBF y a la Supersalud reiteramos las recomendaciones y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en las que insistimos en que es necesario un trabajo interinstitucional para frenar los casos por enfermedad y muerte por desnutrición en menores de 5 años en todo el país”.