El exministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria, publicó un nuevo texto en el que revela su posición sobre la nueva versión de la reforma a la salud que será debatida en el Congreso de la República. Gaviria resume su opinión en cinco preocupaciones distintas.
Para empezar, el exfuncionario sostuvo que uno de los problemas más graves con respecto a la discusión pública en torno a la iniciativa tiene que ver con la polarización.
Según dijo, algunos partidarios de la reforma han planteado que sus detractores defienden el “negocio” de los privados, mientras que esos opositores señalan que el Gobierno quiere entregarles el sistema a “los políticos”.
Pero Gaviria aseguró que esto solo logra que ambas partes se consideren mutuamente como “enemigos”, lo cual puede obstaculizar un diálogo claro sobre los asuntos que son realmente importantes.
“Este debate no es, incumbe aclararlo, un debate entre un grupo altruista y otro cooptado o mal intencionado. Incluso uno podría partir de la idea de que todos los participantes quieren promover el bienestar general”, advirtió Gaviria en su texto.
En realidad, indicó que para él el centro de la discusión debería ser cómo proveer un acceso adecuado a los servicios de salud, cómo incluir al sector privado en la prestación de servicios sociales y cómo debe ser regulada esa dinámica
En esa medida, subrayó que su intención apunta a “construir” y por ello planteó algunos puntos que le inquietan sobre la reforma a la salud que se está proponiendo.
En primera instancia, manifestó sus dudas sobre el planteamiento de un sistema de salud “abierto”. Afirmó que no está claro cuál será el Plan de Beneficios en Salud que incluye los servicios, los medicamentos y las tecnologías a los que pueden acceder los pacientes afiliados y que se pagan con recursos públicos.
Tampoco está claro, según explicó, si habrá unidad de pago por capitación (el dinero que hoy les gira el Estado a las EPS por cada uno de sus afiliados), ni los contratos con los prestadores de servicios de salud, ni las auditorías concurrentes.
“Un sistema concebido de esta manera llevaría a una crisis financiera (…) con efectos inmediatos sobre la prestación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debería tomar nota al respecto”, subrayó Gaviria en su texto.
Esa no es, sin embargo, su única preocupación, pues afirmó que también le inquieta que la reforma está planteando un sistema de salud cuyos actores no están articulados adecuadamente.
Según señaló el modelo de atención, está “fragmentado entre el primer nivel de atención y la atención de mayor complejidad, entre las RISS generales y las de laboratorio, apoyo diagnóstico, farmacéuticas, trasplantes, etc. Esta fragmentación hará mucho más traumática la atención del paciente”.
Para Gaviria, además, las reforma a la salud sí acaba con las EPS y, por tanto, con la experiencia que ha adquirido el sistema durante las últimas tres décadas.
Este punto es bastante polémico, pues el texto no habla de una eliminación en propiedad, sino que se refiere a una “transformación”, pues plantea que se conviertan en entidades gestoras de salud y vida. Lo que pasa es que para varios sectores en la práctica las acaba porque les quita muchas de las funciones que hoy tienen asignadas.
“Si no van a realizar labores de contratación, gestión de riesgo y auditorias, el papel de las gestoras no tiene sentido, es cosmético. Muchas EPS saldrán del sistema, creando una crisis de atención”, argumentó el exministro Gaviria.
En lugar de las EPS, la reforma propone que el pagador único del nuevo modelo sea la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), algo que para Gaviria es motivo de inquietud, pues la Adres tendría que asumir responsabilidades que hoy no maneja.
“En general, en la reforma planteada, la Adres acumula funciones sin tener las capacidades”, sostuvo Gaviria y cuestionó el futuro que la reforma traería para los trabajadores que hoy tienen las EPS. Además, criticó el proceso de transición, pues para él no hay respuestas a esas dudas en el texto que fue radicado en el Congreso.
“Uno podría evadir este debate diciendo simplemente que la administración de la salud debe ser pública. Pero el debate es más complejo y no se resuelve con acusaciones generales o pronunciamientos retóricos”, concluyó el exministro.