Han pasado 130 días desde que Ulahí Beltrán López asumió la Superintendencia Nacional de Salud. Una de sus filosofías, mucho antes de estar en este cargo, ha sido la de exigir a las EPS la mejor atención en salud. Es que también hace parte de la corriente de la ministra Carolina Corcho y de los voceros del sector, que desde años atrás apoyan la idea de reforma que está a punto de comenzar su trámite en el Congreso.
Una corriente que también ha insistido en que se debe escuchar a las regiones, en las regiones. En ese sentido, iniciaron el 23 de septiembre intervenciones en 13 territorios del país con los mayores niveles de desprotección de los usuarios y de incumplimiento en los pagos a los prestadores por parte de las entidades administradoras de recursos o entidades prestadoras de salud (EPS).
Este miércoles, en una rueda de prensa, en medio de bastantes noticias para el sector, Beltrán contó qué encontraron y qué han hecho.
“Hemos llegado a estos territorios donde predominaba una criticidad extrema para hacer cumplir nuestras dos líneas de actuación primordiales: garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y proteger los recursos públicos de la salud”, dijo
En estos tres meses de haberse puesto en marcha la estrategia, se han formulado planes de acción que comprometen a 22 EPS de los regímenes contributivo, subsidiado e indígena para que responda y solucionen las necesidades de sus afiliados, y para que concreten acuerdos de pago con las instituciones prestadores de servicios en los territorios.
“Específicamente se han desarrollado jornadas de intervención en Casanare, Guaviare, Antioquia, Bogotá, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Vaupés, Vichada, Risaralda, Bolívar, Meta y Putumayo, que abarcan 415 municipios del país y donde sus habitantes han radicado 644.590 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) entre enero y octubre de este año”, detallaron luego en un comunicado de prensa.
Especificaron además que este volumen de insatisfacciones equivale al 62% de todas las PQRD recibidas en ese periodo. Y que han hecho inspección y vigilancia sobre aspectos como inoportunidad en entrega de medicamentos, demora en referencia y contrarreferencia, demora en la autorización de servicios, inoportunidad en programación de servicios ambulatorios, fallas en la red y retrasos en programación de citas especializadas.
¿Qué se logró?
El fin principal al establecer conversaciones directas con los tomadores de decisiones en las regiones fue elaborar los Planes de Acción Territoriales. El objetivo claramente fue poner plazos cercanos para soluciones prontas y efectivas a las problemáticas identificadas. Cabe señalar que al comienzo de la estrategia, se anunció la visita a diez entidades territoriales, pero por varias razones, el número terminó ampliándose a 13.
“A la fecha, se han aprobado ocho planes, cuatro están en seguimiento y uno ha sido finalizado. En todos estos planes se han tenido en cuenta aspectos como la evaluación al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formuladas por los afiliados”, agregaron en el documento.
Asimismo, se le ha puesto atención a lo relacionado con la inspección al modelo de operación de las EPS por departamento, la vigilancia, el cumplimiento de los acuerdos de pago y compromisos en mesas de flujo de recursos entre EPS y la red pública hospitalaria; y las mesas de seguimiento a la formalización contractual entre EPS y la red prestadora de servicios de salud.
Añadieron en la publicación que las 22 entidades administradoras que asistieron a las citaciones hechas por la Supersalud en estas jornadas territoriales fueron Nueva EPS, Sanitas, SURA, Savia Salud, Famisanar, Aliansalud, Cajacopi, Coosalud, Salud Total, Ecoopsos, Capresoca, Capital Salud, Compensar, Asmet Salud, Comfachocó, SOS, Emssanar, Mutual Ser, Comfenalco Valle, Mallamás, AIC y Salud Mía.
Finalmente, insitió el superitendente en la conversación y rueda de prensa, en que vendrán nuevos y más anuncios sobre liquidaciones de EPS y hallazgos de corrupción.