La ministra de Salud, Carolina Corcho, y el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, han compartido algunos datos que han generado fuerte inquietud en el sector, debido a que muestran hondos problemas financieros.
La ministra Corcho ha dicho que las EPS les deben alrededor de 50 billones de pesos a las instituciones prestadoras de salud (IPS) y a las empresas sociales del Estado (que hacen referencia a los hospitales públicos).
Este dinero representa más del doble de lo que recogió la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, razón por la cual ha generado preocupación en la opinión pública y en varios actores del sistema de salud.
Para empezar, los datos que maneja la Superintendencia de Salud apuntan a que las EPS que ya fueron liquidadas quedaron debiendo cerca de 27,6 billones de pesos, mientras que las EPS que se encuentran en proceso de liquidación deben alrededor de 4,5 billones de pesos.
“Entre las EPS liquidadas y en liquidación quedaron debiendo 33 billones a clínicas y hospitales y la deuda actual es de 16, 6 billones, casi 50 billones de pesos es el hueco fiscal con entidades que atienden a los pacientes”, fueron los cálculos que hizo la ministra Corcho en su cuenta de Twitter.
Pero las cuentas generaron controversia entre sus contradictores, quienes cuestionaron la precisión de las cifras. Por ejemplo, el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien fue su antecesor, le pidió mayor rigurosidad en sus declaraciones.
“Mérmele a los 16,6 por lo menos 15 billones de cartera corriente (las deudas normales de operación de cualquier negocio) y porfa, diferencie en los 33 las deudas radicadas de liquidadas. En liquidación, Saludcoop radicaron 8 billones y quedaron 2 como deuda cierta. No más fantasías”, escribió el exministro Ruiz también en su cuenta de Twitter.
En las últimas horas, Fabio Aristizábal Ángel, quien fue superintendente de Salud durante el gobierno del expresidente Iván Duque, también cuestionó las cuentas.
Aristizábal empezó por pedirle mayor claridad en las cuentas tanto a la ministra de Salud como a la Superintendencia de Salud, y señaló que los 33 billones de pesos a los que se refieren podrían referirse a deudas reclamadas o reconocidas, lo cual es sustancialmente diferente.
En el sistema de salud colombiano es relativamente común que las EPS y las IPS tengan datos distintos sobre las mismas deudas, por lo cual la Superintendencia de Salud adelanta jornadas de conciliación para que ambas partes se pongan de acuerdo en los montos a pagar.
“Supongamos que esos 33 billones de pesos son acreencias reclamadas por IPS en los procesos de liquidación de las EPS, teniendo en cuenta la magnitud de esta cifra, es importante que la ministra Corcho y la Superintendencia de Salud también dieran a conocer a cuánto equivale la provisión y el castigo de las cuentas de difícil recaudo que les permitió a los prestadores de servicios de salud determinar la pérdida y descontar dicho valor de sus cuentas por cobrar como buena práctica contable y financiera”, explicó el exfuncionario.
También advirtió que si se trata de deudas reclamadas por las IPS, no deberían sumarse esos 33 billones de pesos a los 16 billones de pesos que deben las EPS que están en funcionamiento actual, porque estos recursos son las cuentas por cobrar que tienen las IPS con las EPS.
“Según la información que tuve como superintendente, a junio de 2022, el total de las acreencias reclamadas a las EPS liquidadas y en proceso de liquidación era de 23 billones de pesos, del cual 5,1 billones de pesos fueron reconocidos, es decir, el 22 % con un saldo a pagar de 4,3 billones de pesos”, sostuvo Aristizábal.
Y agregó que el dinero restante que fue reclamado por los acreedores no cumplía con los requisitos que establecen las normas para que sean reconocidos como cuentas a pagar por parte de las EPS.
“En resumidas cuentas: del total de las acreencias reclamadas a las EPS liquidadas y en proceso de liquidación (23 billones de pesos), 12,6 billones de pesos son de las IPS, de esos 2,9 billones de pesos fueron reconocidos, es decir el 24 %, con un saldo a pagar de 2,3 billones de pesos”, añadió. Y señaló que al mirar con cuidado cuál era la situación financiera de las IPS hasta junio, tenían cuentas por cobrar con 35 EPS que ya habían sido liquidadas o estaban en proceso de liquidación por 7,6 billones de pesos.
Este monto, entonces, sería el “máximo valor de pérdida de las IPS”, aseguró el exfuncionario.
En esa medida, mostró que hay fuertes diferencias entre las cuentas que él había revisado hace unos meses, justo antes de salir del cargo, y las que están compartiendo los altos funcionarios del gobierno actual.
“¿Qué variable podría explicar un crecimiento exponencial de tal magnitud para haber alcanzado el monto de 33 billones de pesos?”, se preguntó Aristizábal, y señaló que no se trata de un hueco fiscal, porque en ese caso indicaría un déficit en las finanzas públicas, y sería entonces una deuda del Gobierno nacional con las IPS y no de las EPS liquidadas y en liquidación con la red.