Desde la semana pasada, el país sigue en vilo la suerte del sistema de salud colombiano. El detonante fue una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que las tres más grandes EPS del país, Compensar, Sánitas y Sura, aseguraban que estaban “desfinanciadas” y que solo contaban con recursos para funcionar hasta septiembre próximo.
De inmediato se encendieron las alarmas: se trata de las tres más grandes entidades prestadoras de salud del Régimen contributivo y subsidiado, que reúnen unos 13 millones de afiliados y 34.000 trabajadores.
La publicación de la carta enviada al Gobierno por las tres EPS produjo un remezón enorme. “Eso no es cierto”, les contestó el presidente Petro, que las acusó de manejar la plata de manera “irregular” y aseguró no deberles nada. La Contraloría y la Procuraduría pidieron de inmediato más detalles y lanzaron alertas.
El ministro Jaramillo no le dio crédito a ninguna de sus explicaciones. Aseguró, por ejemplo, que no se podía hablar de crisis económica del sistema, pese a que la Superintendencia de Salud reconoció que, con corte a junio pasado, las EPS tuvieron una pérdida de 227.469 millones de pesos y el 61 por ciento de estas entidades hoy opera con números rojos.
Y tras un cruce de declaraciones entre los voceros de estas entidades y el Gobierno, desde esta semana se iniciaron varias mesas de diálogo que cuentan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Así, Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), altos ejecutivos de las EPS y Minsalud se han sentado a discutir cómo hacerle frente a la crisis.
El lunes se cumplió el primer encuentro. Y este martes avanza el segundo. En medio, el ministro de Salud se mantuvo en que “a las EPS se les paga por anticipado, y en este momento estamos al día con ellas”.
“Las EPS utilizan estratagemas para dilatar el pago de facturas”
Este martes, precisamente, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales y Hospitales Públicos, Acesi, terció en la polémica y cuestionó el accionar de las EPS en el país.
La directora Ejecutiva de la ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, asegura que la historia hay que contarla completa, porque si las EPS se quejan de “que no se ha logrado una redistribución equitativa de los recursos; el pago de las deudas de presupuestos máximos, que el valor de la UPC es insuficiente; que las conciliaciones de las deudas del sistema con ellos no ha sido posible, y que no cumplirán con los indicadores financieros al finalizar este año, entre otras quejas, lo justo sería mirar las cosas, para ser objetivos, también desde la óptica de los prestadores”, sostuvo.
“El gremio de los hospitales públicos durante muchos años se ha quejado de la inequidad en la interpretación de las normas, que les da a las EPS enormes ventajas sobre las ESE, especialmente en la administración de los recursos, que, para ambos casos, son dineros públicos, pero que varios gobiernos anteriores han expedido decretos y resoluciones en contra de los intereses de los prestadores estatales y a favor de los privados, con la evidente indiferencia de los organismos de control”, señala la directora de la asociación.
En su opinión, las EPS utilizan estratagemas para dilatar el pago de facturas, utilizando las glosas como herramienta efectiva para envejecer las carteras, hasta el punto de convertirlas en de difícil recaudo. “La pregunta es: ¿quién asume estas deudas impagables?, ¿es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, generando malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, por el no pago de las facturas?”, advirtió Olga Lucía Zuluaga.
Y agregó que buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros. Muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados.
“Todo lo anterior, con la mirada indiferente del país, por lo que es necesario que la opinión pública conozca la otra cara de la moneda. El resto de la cartera con otras EPS llega a $7,8 billones. Es decir, eso es lo que les deben esas compañías a los hospitales públicos”, puntualizó la directora ejecutiva de Acesi.