La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a varias importantes EPS cuya mayoría de afiliados son del régimen contributivo, envió una carta a las Comisiones Conjuntas Terceras y Cuartas de Congreso de la República, en la cual les pide de forma “urgente” la inclusión de recursos adicionales para el sector salud.
Esto se debe a que en esas corporaciones se está revisando el proyecto de ley de adición presupuestal, algo que Acemi calificó como “una oportunidad para hacerle frente a la desfinanciación del sector salud”.
En concreto, la organización gremial les está pidiendo a los congresistas que se sumen cerca de 10,45 billones de pesos adicionales para que el cierre financiero de este año se desarrolle adecuadamente. Además, desglosó punto a punto para qué se necesita ese dinero.
Por un lado, aclararon que alrededor de 3,1 billones de pesos se requieren estrictamente para los gastos en salud. Otros 3,4 billones de pesos se necesitarían para asumir algunas deudas atrasadas y cerca de 3,9 billones de pesos, para cubrir los presupuestos máximos, que son recursos adicionales destinados a los tratamientos y tecnologías que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
“Sobre este último concepto, precisamente, es clave advertir que mensualmente se ejecutan cerca de 250 mil millones de pesos, lo que supone que en julio se agote el recurso disponible, que para 2023 fue de 1,7 billones de pesos”, señaló la organización gremial en un comunicado de prensa.
A las EPS les preocupa que en la actualidad los recursos que les han asignado no están alcanzando para financiar correctamente su operación dentro del sistema de salud.
Generalmente, las EPS reciben los recursos que requieren para funcionar a través de a Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que les gira el Estado para que garanticen la atención de los pacientes. Pues bien, según indicaron en la misiva, por cada 100 pesos que les asignaron, cerca de 102 pesos fueron destinados para cubrir los servicios de atención sanitaria. Se trata de una situación que, argumentaron, provocó un déficit.
“Esto implica que la totalidad de recursos del aseguramiento está financiando el costo de servicios sanitarios sin que queden recursos para la gestión administrativa del sistema, que debe ser asumida con cargo al patrimonio de las EPS. A esto se suma una demanda creciente de recursos para atender las tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, a través de la figura de los Presupuestos Máximos, de los cuales existen deudas de la Adres desde el año 2021, que estimamos en 3,8 billones de pesos”, señaló Acemi en la misiva.
Entre otras cosas, también entraron a colación algunas situaciones coyunturales que les han dificultado la operación a las EPS durante los últimos años y les han acarreado costos extra.
“Creemos que este proyecto de ley puede ser la salida a la difícil situación financiera del sector salud, que arrastra un déficit dados efectos prolongados del covid (long covid), cerca de diez millones de afiliados a nuestras EPS por liquidaciones y traslados, actualización del plan de beneficios de 2022 y el incremento en frecuencias de uso causado en parte por la incertidumbre generada por la reforma a la salud, que se estima en un 20 %”, aseguró Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.
En la misiva que envió la organización gremial al Congreso, además, se indicó que si bien se planea destinar recursos para el aseguramiento de los regímenes contributivo y subsidiado, lo cierto es que esa plata no les alcanza.
De hecho, Acemi afirmó que en la ponencia del proyecto de ley les inyectan cerca de 2,03 billones de pesos a ambos regímenes, lo que encontraron como “necesario”, pero “insuficiente” al mismo tiempo.