Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs Wade en junio de 2011, varios estados de ese país decidieron impulsar la prohibición del aborto o restringir severamente el procedimiento.
Como se recordará, el caso Roe contra Wade o Roe vs. Wade fue el litigio judicial que tuvo lugar en 1973 en el que dicha corte dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protegía la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.
Pero, con la entrada en vigor de leyes restrictivas en varios estados, han surgido consecuencias no deseadas. Miles de médicos y las propias pacientes dicen que las normas confusas y el lenguaje vago de estas leyes han tenido un efecto escalofriante en el campo médico en los estados antiaborto, dejando a su paso tanto tragedias presentes como tragedias futuras.
Los abortos por razones médicas son raros y constituyeron menos del 4 por ciento de todos estos procedimientos en EE.UU. en 2004, según el Instituto Guttmacher. Sin embargo, para ciertas complicaciones del embarazo, son un procedimiento aceptado y común para salvar vidas.
Texas tiene una de las prohibiciones de aborto más restrictivas hasta ahora en el país. Pero como todas las prohibiciones aprobadas este año, el estado permite una excepción cuando un embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
De hecho, todos los estados que prohíben el aborto incluyen excepciones similares cuando la vida de la madre está amenazada.
El llamado de la ONU
Hasta ahora, más de 15 estados han prohibido el derecho al aborto en este país, por lo que millones de mujeres están en riesgo ante el “alarmante deterioro del acceso a la salud reproductiva y sexual”, advirtió este viernes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
“Han desmantelado 50 años de protección previa del derecho al aborto en el país, poniendo en grave riesgo a millones de mujeres y niñas”, subrayaron los expertos en un comunicado.
Agregaron que estas prohibiciones podrían derivar en “violaciones de los derechos de las mujeres a la privacidad, la integridad y autonomía física, la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia”, entre otras.
Dentro de los colectivos más afectados por estas normas antiabortistas están las mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, inmigrantes, con algún tipo de discapacidad, de hogares con rentas bajas, así como aquellas que se encuentran en relaciones abusivas o en áreas rurales, según recalcaron los expertos.
Además, doctores y médicos estadounidenses se pueden enfrentar a consecuencias legales, incluso si participan en procesos relacionados con abortos médicamente necesarios o que salvan vidas o la mera extirpación de tejido fetal de mujeres que han sufrido abortos espontáneos incompletos, denunciaron los expertos.
También se mostraron particularmente alarmados por los crecientes informes de amenazas de muerte a los proveedores de servicios de aborto en diversas partes de Estados Unidos.
Además, agregaron, los intentos de criminalizar el aborto en muchos estados ha disuadido a muchas mujeres y niñas a la hora de acudir al sistema sanitario en busca de cuidado prenatal.
Por otro lado, según los expertos, las autoridades encargadas de hacer cumplir estas medidas restrictivas tienen cada vez un acceso más fácil a los datos electrónicos de aquellas personas que buscan clínicas que practican abortos, sin necesidad de contar con una orden judicial.
“Instamos a los gobiernos federal y estatales a tomar medidas para revertir la regresión que está sufriendo el sistema legislativo y promulgar medidas positivas para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal”, concluyeron.
Entre los firmantes del comunicado figuran los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer, y los relatores especiales de libertad de credo (Nazila Ghanea), contra la tortura (Alice Jill Edwards), o de protección de los derechos de los migrantes (Felipe González Morales), entre otros.