En medio de la aguda crisis que enfrenta el sector de la salud en Colombia por cuenta del desfinanciamiento que arrastra desde hace varios años, las recientes intervenciones de tres EPS, entre ellas las dos más grandes del país (Sanitas y Nueva EPS), la escasez de medicamentos para enfermedades graves y de alto costo y una cuestionada reforma que el Gobierno insiste en revivir, esta semana se conoció un nuevo capítulo: el borrador de un manual tarifario que no fue bien recibido entre gran parte del gremio de los trabajadores del sector.
El pasado martes, mientras buena parte del país seguía con atención la discusión de la reforma pensional en el Senado, en redes sociales se expandían como fuego las reacciones frente a un borrador del proyecto de decreto de manual tarifario, listo para comentarios, publicado en la página web del Ministerio de Salud y que permaneció al aire por varias horas. Al final del día, después de la avalancha de críticas de médicos, especialistas, analistas y políticos, el documento fue despublicado.
Al día siguiente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, intentó hacer control de daños y aseguró en Caracol Radio que hubo “un problema de indexación”. Un error que calificó como “grave” y que sería subsanado, pues solo se presentó en 48 de los 9.103 procedimientos y servicios estipulados.
El documento de cerca de 300 páginas y que actualizaba las tarifas de más de 9.000 procedimientos (6.000 de ellos incorporados por primera vez), según varios gremios fue construido a espaldas del personal de la salud.
Los valores por cada consulta o cirugía se componen de los honorarios de los profesionales, los insumos, el uso de equipos y otros elementos requeridos para la práctica clínica. Y contiene varias perlas que a muchos les causó indignación.
Por ejemplo, el documento fija la consulta de primera vez ante un médico general a un costo de 32.812 pesos (unos 8 dólares) y ante un especialista a 53.414 pesos (unos 13 dólares).
Como explica Clemencia Mayorga, pediatra y presidenta del Colegio Médico de Bogotá, es un manual que “define todas las tarifas del sistema de salud. Afecta directamente a OPS y profesionales del sector en su quehacer diario y puede generar que se presente una mayor insuficiencia del recurso humano de la salud. Lo que va a terminar pasando es que haya una migración de esos profesionales a otros países”.
Una de las mayores críticas, señala Mayorga, apunta a que la construcción del manual desconoció la Ley 1164 de 2007, que ordena que el Consejo Nacional de Talento Humano, que preside el MinSalud, debe reunirse con los profesionales de la salud para la construcción de dicho documento.
Así lo reconoció en SEMANA Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que aglutina a 69 organizaciones de profesionales de la salud y unos 75.000 especialistas.
“El tema del manual tarifario fue una de las reclamaciones que tuvimos como asociación. Hemos pasado 22 derechos de petición al Ministerio solo este año. Sabíamos que era urgente una actualización de ese tarifario, cuya última versión era de 2001, del Seguro Social, y con base en eso es que le están pagando al talento humano en salud. Pero no obtuvimos respuesta. Tuvimos que poner tutela a ver si nos respondían. Llevamos cuatro años liderando un trabajo coordinado con todas las asociaciones médicas del país para mejorar el manual tarifario, pero el ministerio quiso hacer los ajustes de espaldas a nosotros”.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que cuenta con más de 354 instituciones afiliadas y representa el 29 % de las camas en centros médicos, también dejó ver su malestar. Señaló que las recomendaciones y comentarios que como gremio hicieron para la construcción del manual no fueron tenidos en cuenta y los valores y precios de este “distan de la realidad de los prestadores de la salud”. Esos “valores y tarifas hacen inviable la prestación del servicio”, aseguró la entidad.
Para Manuel Abel Castaño, especialista de la Escuela de Salud de Harvard, el manual tiene una gran contradicción: “Si el Gobierno insiste en que la UPC sí alcanza, entonces ¿por qué publican un borrador de decreto en el que muestran recortes sustanciales a las tarifas? Lo que esto muestra es que el Gobierno se dio cuenta de que la UPC sí es insuficiente y trata de resolver el problema controlando precios. Así hayan retirado el borrador, el mensaje es claro: la UPC no alcanza y hay que hacerla suficiente, así sea bajando más los precios”.
Estas son algunas de las perlas del polémico manual.
Tarifas bajas
Juan Senior, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, critica que la consulta con un especialista pase a costar ahora alrededor de 40.000 pesos, cuando una de las justificaciones del Gobierno sobre la reforma del sector “era mejorar las condiciones laborales del personal de la salud”.
En ese sentido, algunos expertos citan ejemplos. Mientras que actualmente por una tomografía computada de cráneo simple una IPS cobra unos 725.000 pesos, ahora pasaría a costar 157.256 pesos. Es decir, una reducción de 78 %.
¿Y si el paciente muere?
Otro de los puntos que contempla el borrador del manual es el pago para el profesional de la salud en caso de que el paciente fallezca, sin contar si tiene enfermedades de base o complicaciones asociadas a su enfermedad.
En ese sentido, el manual establece (en el punto 2.5.2.) que “en caso de fallecimiento del paciente durante la realización del procedimiento quirúrgico o intervencionista con tarifa integral, debe facturarse el 70 % del valor total del procedimiento”.
Médico general vs. especialista
En el punto 2.2.5.1. se especifica que en regiones alejadas del país donde no exista acceso a especialistas en distintas áreas y “no sea posible la remisión del paciente” al médico general se le pagará el 70 % de los valores pagados a un médico especialista.
En ese sentido, Senior asegura que “a la misma labor no procede igual reconocimiento si es realizado por un médico general. ¿Quién decidirá la capacidad del galeno para realizarlo? ¿Si hay complicaciones podrá ser demandado por estar realizando un procedimiento que requiere especialista? ¿Será cirujano y anestesiólogo?”.
¿Sin horas extras?
Para varios médicos preocupa también que, en medio de las condiciones laborales precarias con las que trabajan varios profesionales de la salud, el manual desconozca el pago de dominicales, festivos y horas extras.
El artículo 6.4. del borrador del manual señala que “no se reconocerán valores adicionales cuando los servicios, procedimientos y demás actividades comprendidas en este manual se ejecuten en horas nocturnas, dominicales y festivas”.
Lo grave, señala Senior, es que el manual deja explícito “cómo reembolsa las actividades, cada IPS define cómo contrata los profesionales de la salud. Obviamente, si la prestación del servicio no es sostenible, queda la posibilidad de cerrar el servicio o asumir el costo entre la empresa y el trabajador”.