En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que adelantará una inspección disciplinaria a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con el propósito de establecer si existió irregularidades en el flujo de recursos que se debe enviar a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), lo que ha llevado a un desabastecimiento de medicamentos.
“La Sala Disciplinaria de Instrucción adelantó visitas al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en seguimiento a la indagación para determinar los funcionarios responsables, por acción o por omisión, y las causas de esta problemática”, indica el comunicado.
El Ministerio Público también señaló que una vez realizada las gestiones, se remitirá una copia del expediente a los delegados para que continúen la actuación en lo relacionado con los atrasos por parte de servidores del Invima en los trámites de registro sanitario de medicamentos y el registro sanitario de moléculas.
La entidad ordenó que un grupo de sus agentes se desplace hasta las instalaciones de la Adres, ubicada al occidente de Bogotá, con el propósito de realizar una inspección minuciosa a varios archivos.
Esta investigación inició desde el 21 de marzo del presente año, cuando ya existía reportes de escasez de productos en las farmacias. Por tal motivo, se inició una indagación preliminar en contra de los funcionarios del Ministerio de Salud, cuando la jefa de la cartera era Carolina Corcho.
La Procuraduría a finales de abril le manifestó al Invima el “número de solicitudes de registro para producción, comercialización e importación de medicamentos, las fechas en las que fueron hechas, los datos de las personas encargadas de esos trámites, y los planes y estrategias para superar el atraso en la expedición de los registros sanitarios pendientes”.
En ese orden de ideas, desde la Procuraduría se quiso realizar un primer rastreo en el Invima y el Ministerio de Salud, con el propósito de establecer de dónde venía el desabastecimiento de medicamentos. Sin embargo, la Sala Disciplinaria de Instrucción decidió incluir en el proceso a la Adres.
Lo que se intenta establecer es si en el proceso hubo fallas en la Adres. De acuerdo con Félix León Martínez, la Adres está dispuesta a que se averigüe lo que está sucediendo por cualquier ente de control.
“La Adres es una institución que tiene las puertas abiertas para todos los organismos de control del Estado. Hemos tenido visitas permanentes de la Contraloría General de la República, ha abierto auditorías. Ahora anuncia visita igualmente la Procuraduría, estaremos gustosos de recibirlos como siempre, mostrando la transparencia y sobre todo la oportunidad en los pagos que hace la Adres”, manifestó Martínez a través de la cuenta de Twitter.
No es la primera vez que se generan esas tensiones por la supuesta maña administración por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
En marzo, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, hizo fuertes críticas sobre la gestión de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la entidad encargada de gestionar el dinero del sector salud en Colombia.
Forero señaló que la Adres debe hacerse cargo de la auditoría y del pago de los servicios de salud a raíz de accidentes de tránsito que no eran cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o involucraran vehículos fantasma.
No obstante, las responsabilidades de la Adres se ampliaron debido a que el Gobierno nacional emitió un decreto en el cual hizo una rebaja en el precio del Soat para algunos vehículos, con lo cual buscaba reducir la alta evasión que se estaba presentando. El descuento que se aplicó fue del 50 %.
En el decreto se especificó que harían parte de un rango diferencial por riesgo, vehículos como las motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros, tricimotos y cuadriciclos, motocarros de cinco pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas, y vehículos de servicio público intermunicipal establecidos.