Comenzó junio y de qué manera. Políticamente y debido al cierre de la primera legislatura del año, se comienza a apretar el trámite de ciertos proyectos de ley que pueden llegar a hundirse. También por los mismos tiempos del legislativo, se busca que, por lo menos, articulados como el de la reforma a la salud queden aprobados en segundo debate.
Y justo, la discusión del Proyecto de Ley 339 resulta ser una de las más complejas. Entre otras razones, porque a los intereses que se defienden y atacan en el Congreso, se suman los argumentos de peso a favor y en contra desde el mismo sector.
Por ejemplo, este jueves, el gremio que agrupa en su mayoría a las EPS del régimen contributivo, Gestarsalud, presentó los resultados de un análisis técnico al texto de reforma a la salud aprobado en primer debate. A partir de ese texto, aseguran que de aprobarse el proyecto, los usuarios y pacientes estarían expuestos a:
- Más trámites.
- Falta de continuidad en los tratamientos.
- Desamparo en la atención.
- Incremento en el gasto de bolsillo.
En detalle, el informe entregado lo dividieron en dos apartados. En el primero argumentan por qué en el articulado hay fragmentación y responsables difusos; en el segundo se refieren al riesgo de incrementar el gasto de bolsillo, al eliminar parte del subsidio a la demanda y transformarlo en subsidio a la oferta.
Fragmentación y responsables difusos
Muestran que se puede generar “una excesiva complejidad en la operación del modelo de salud y la coordinación y articulación resultará difícil entre las instancias involucradas de cara a los usuarios, siendo estos los principales afectados”.
Específicamente, señalan, que, por un lado, con el numeral 1 del artículo 13 se le encarga al nivel primario la tarea de integrar y coordinar la atención en salud. Pero al mismo tiempo, en el artículo 49 se indica que la gestión del riesgo del modelo de atención estará a cargo de las futuras Gestoras de Salud y Vida en coordinación con los CAPS. Sumado a ello, se crean en los territorios unas coordinaciones con funciones similares.
“No hay claridad frente a los responsables de las funciones de gestión del riesgo en salud, contrario a lo que sucede hoy, que hay un único responsable de esta gestión en todos los niveles de atención (las EPS). Si la responsabilidad de la articulación pasa de estar a cargo de un único responsable a ser coordinada por dos o más actores y se confirma la desarticulación de los niveles de complejidad que podría suceder con frecuencia. Se verían afectadas de manera dramática la calidad, oportunidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud que se dan a los usuarios”, aseveran.
Lo grave de esta asignación de funciones es que, de acuerdo con el análisis, se generan afectaciones directas a los usuarios. Por ejemplo, en las rutas de atención de los pacientes de alto costo y con enfermedades graves, “las maneras de transitar en el sistema y las instancias ante quien dirigirse en el evento que requieran interponer una tutela, pues se pasaría de un responsable único (las EPS) a un gran número de instancias involucradas en la prestación del servicio a nivel departamental, regional y nacional, haciendo que no sea clara la competencia frente al trámite se debe dársele a las quejas y acciones de tutela, en el evento en que algo no funcione”, aseveran.
Añaden que la afectación también puede darse en la entrega de medicamentos, pues no se daría de manera completa y oportuna, porque de acuerdo al articulado (en el parágrafo 3 del artículo 20) se debe lograr la coordinación entre tres actores (prestador, proveedor farmacéutico y CAPS) para la notificación y posterior dispensación al usuario de sus medicamentos, “olvidando que hoy existen procesos aprobados por la ley mucho más garantistas y operativos, como son los previstos en el Decreto Ley 019 de 2012″, explican.
Respecto al transporte, aseguran que en el texto aprobado tampoco se observa quién será el responsable de garantizar el transporte asistencial básico y medicalizado, terrestre, fluvial, marítimo o aéreo, “lo cual se podría traducir en mayores tiempos durante los trámites de referencia y contrarreferencia, así como en una afectación directa sobre el estado de salud de los pacientes más graves”.
“Estos mismos impactos pueden reflejarse en otros procesos propios del aseguramiento descritos en la reforma, dadas las múltiples instancias, coordinaciones y articulaciones que se deben generar en cumplimiento de la misma y la ausencia de un responsable único del aseguramiento como lo son hoy en día las EPS. Por ejemplo, en el manejo de programas para enfermedades crónicas y de alto costo, cuidado de la madre gestante y el niño y reconocimiento de prestaciones económicas, entre otros”, concluyeron en este punto.