La puja por el presupuesto que habrá en el sector salud para 2023 sigue dando de qué hablar entre los actores de ese sector. La discusión más álgida radica en la unidad de pago por capitación (UPC), el dinero que les gira el Estado colombiano cada año a las EPS por el costo que tiene asegurar a cada uno de los afiliados que se encuentran en su base de datos.
La polémica se debe a que generalmente esta UPC aumenta su valor cada año, debido a factores como la inflación y la devaluación del peso colombiano. En las últimas semanas, se conoció que las EPS estaban pidiendo un incremento del 18 % tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado.
Pero la controversia se encendió cuando se conoció un borrador de resolución en el cual el Gobierno nacional proponía fijar el incremento en poco más del 16 % para el régimen contributivo y más del 12 % para el subsidiado.
A la discusión también se han sumado otros actores del sistema de salud. De hecho, recientemente, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que representa a 28 compañías que producen medicamentos, dio a conocer su postura.
Su presidente ejecutiva, María Clara Escobar, advirtió que en la actualidad está “garantizada” la protección financiera de los colombianos, pues el sistema de salud responde por los medicamentos, tratamientos, tecnologías, diagnósticos e intervenciones que están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
“Si el sistema no cuenta con los recursos suficientes, el afectado al final es el ciudadano y la continuidad de sus tratamientos. A esto se suma el reconocimiento de presupuestos máximos, correspondientes a aquellas tecnologías que no hacen parte del Plan Básico, pero que son indispensables para atender las necesidades en salud de la población”, advirtió Escobar en un comunicado.
Según señaló, antes de que los medicamentos lleguen a los pacientes, los recursos del sistema fluyen a través de los actores del sector.
El problema, según explicó, es que han reportado retrasos en el pago de los presupuestos máximos que debían girarse en 2021. Estos presupuestos máximos son recursos que les debe dar el Estado a las EPS por cuenta de tratamientos y tecnologías que les suministraron a los pacientes y que no estaban cubiertos por el PBS.
“Con respecto a la UPC de 2022 se observa una diferencia del 9,77 % entre la inflación proyectada que se utilizó para su cálculo y la inflación observada, cercana al 13 %”, aseguró Escobar. “Así mismo, existe mucha preocupación respecto al cálculo de la UPC que regirá durante el año 2023 y los recursos asignados para el próximo año en el Presupuesto General de la Nación. A ello, se sumaría el pronóstico de devaluación y el aumento del salario mínimo”, agregó.
Dijo que si bien el “desacierto” para calcular la UPC podría complicar la situación financiera de todos los actores del sistema de salud, golpearía con especial fuerza a los importadores de tecnologías y medicamentos por cuenta del alza en la tasa de cambio.
Según alertó, la industria farmacéutica que opera en Colombia no puede ajustarse a los costos extra que vendrían para 2023, debido a que el 80 % de los medicamentos que se venden en Colombia están sujetos al régimen de control de precios.
Y señaló que para el país “es fundamental que, en medio de los cambios de enfoque y estructura, se garantice la sostenibilidad financiera del sistema, el bienestar e incluso la vida de millones de personas que diariamente acuden para recibir atenciones en salud”.
La ministra Corcho se reunió con representantes de las EPS
Para hablar de estos temas difíciles, la ministra de Salud, Carolina Corcho, se reunió el lunes pasado con dos de las representantes más importantes del gremio de las EPS. Por un lado, se reunió con la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a 11 EPS. En la otra cita, la ministra recibió a Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, que también agremia a otras 11 EPS, las cuales se enfocan sobre todo en el régimen subsidiado.
“Se trató de un diálogo muy franco en el que Gestarsalud expuso su intención de poder trabajar de manera conjunta para el bien de todos los colombianos sobre una posible reforma a la salud, bajo el entendido de que como gremio y desde nuestras EPS agremiadas consideramos indispensable la labor que hacemos y las funciones que cumplimos a favor de los usuarios”, concluyó Dávila, de Gestarsalud.
Por su parte, la ministra Corcho advirtió que trasladará las inquietudes que le manifestaron las EPS a la Comisión de Regulación en Salud, que es la que definirá en los próximos días en cuánto quedaría la UPC de 2023.