El aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2023, que se refiere al dinero que les gira el Gobierno nacional a las EPS por cada paciente que tienen afiliado, ha generado una fuerte polémica en el sector salud.
Inicialmente, las EPS habían señalado que, teniendo en cuenta la inflación, el aumento del salario mínimo, la devaluación del peso y la frecuencia con la que los colombianos habían requerido servicios de salud, la UPC para 2023 debía crecer alrededor del 18 % con respecto a 2022.
Esta propuesta la habían esbozado tanto de parte del régimen contributivo como del subsidiado. Pero sobre los últimos días del año pasado, el Ministerio de Salud reveló que el aumento presupuestal sería del 16 % para ambos regímenes.
El incremento dejó tranquilas a las EPS del régimen subsidiado, pues antes de que quedara en firme la norma se había filtrado un borrador en el cual se planteaba un incremento cercano al 12 %, que generó un estado de alarma.
“Aunque la decisión es una muy buena señal, debemos seguir trabajando para lograr la viabilidad financiera del sistema”, aseguró Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, que agremia a 11 EPS, cuyos afiliados pertenecen fundamentalmente al régimen subsidiado.
El ajuste presupuestal, sin embargo, no cumplió con las exigencias de las EPS, que en los últimos días también advirtieron que el Gobierno les está debiendo dinero de vigencias pasadas.
En entrevista con SEMANA, Paula Acosta, la presidente ejecutiva de Acemi (que agremia a otras 11 EPS), dijo que no les han pagado cerca de 2,6 millones de pesos por un rubro llamado presupuestos máximos, que hace referencia a los servicios de salud que no están cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud. Esto implica que esos servicios no se cubren con el dinero que les llega a las EPS por medio de la UPC.
Pues bien, la ministra de Salud, Carolina Corcho, reaccionó a la entrevista publicada por SEMANA y volvió a arremeter contra las EPS.
“Entre las EPS liquidadas y en liquidación quedaron debiendo 33 billones (de pesos) a clínicas y hospitales y la deuda actual es de 16, 6 billones, casi 50 billones de pesos es el hueco fiscal con entidades que atienden a los pacientes”, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho, en su cuenta de Twitter.
La jefa de la cartera de salud también defendió el incremento a la UPC que quedó en firme por decisión del Gobierno nacional.
“El Gobierno ha dispuesto importantes recursos para adición presupuestal, y ha logrado el incremento real más importante de la UPC en 16,2 para ambos regímenes. Esto debe llegar a los prestadores de salud (clínicas y hospitales) que son quienes padecen crisis por no pago de EPS”, agregó la ministra Corcho.
Así mismo, el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, también se pronunció por medio de Twitter y señaló que los problemas que ha tenido el sistema de salud no se explican únicamente por las deudas que tiene el Estado por las cuentas de los presupuestos máximos.
“La crisis progresiva del sistema de salud no es producto de lo adeudado por concepto de presupuestos máximos a las EPS, bien es por las cifras billonarias citadas por la ministra y dejadas de pagar en 30 años por las EPS a prestadores públicos y privados”, indicó el superintendente Beltrán.
Lea aquí la entrevista completa con Paula Acosta, la presidenta ejecutiva de Acemi
SEMANA: ¿a cuánto asciende la deuda del Gobierno con las EPS?
Paula Acosta (P. A.): de acuerdo con los cálculos que tenemos en Acemi, las deudas por cuenta de Presupuestos Máximos, es decir, el costo de las atenciones en salud que no son parte del Plan de Beneficios con cargo a la UPC, ascienden a 2,6 billones de pesos sumando 2021 y 2022. Esto no tiene en cuenta otras deudas que son menores, como un saldo de Presupuestos Máximos de 2020 por 356 mil millones de pesos, o las canastas covid. Recordemos que el último pico se dio en febrero de 2022.
SEMANA: ¿cómo se llegó a esa situación de no pago?
P. A.: es claro que hay un problema en la forma en la que se calculan los Presupuestos Máximos. Todos los años el gasto real ha estado muy por encima de lo presupuestado por el Gobierno y los pagos y adiciones se han demorado. Esto conlleva a que las EPS deban pagar con recursos propios estas prestaciones, por las cuales no reciben contraprestación alguna, ni por los trámites administrativos ni por la auditoría que realizan.
Si bien los montos más importantes corresponden a 2021 y 2022, hay deudas desde 2020 año en el que empezó esta nueva metodología. Cuando el Gobierno tiene deudas de más de dos años esto es prácticamente imposible cumplir los pagos a proveedores y prestadores de forma oportuna.
Lo que se cubre por Presupuestos Máximos es solo una fracción de las millones de atenciones en salud que se hacen a diario. Vale la pena preguntarse por las capacidades reales de la Adres, que es la tesorería del Sistema de Salud, para asumir más pagos de forma directa.
SEMANA: ¿qué implicaciones tiene estas demoran en los pagos a las EPS?
P. A: genera una afectación en todo el Sistema de Salud, siendo el más afectado el usuario. Al dejar sin capital de trabajo a las EPS esto se transmite a los prestadores como clínicas, hospitales, laboratorios, centros de imágenes, gestores farmacéuticos, los profesionales independientes, y estos a su vez con sus trabajadores. El resultado final es aumento de carteras, afectaciones en los servicios que reciben los colombianos, ya que al no tener pagos oportunos algunos prestadores deben cerrar servicios o disminuir su capacidad, lo que se ve también reflejado en los tiempos de espera para citas y otros procedimientos. Por último, como hemos visto en otros países, esto termina en mayor gasto de bolsillo para los hogares.
Otro efecto muy preocupante es el deterioro en los indicadores de habilitación de las EPS. Desde Acemi proyectamos que el agregado de EPS van a cerrar 2022 con números rojos. Esto en muchos casos implicará que la Superintendencia de Salud decida intervenir más EPS, con los efectos que ya conocemos.
SEMANA: ¿por qué el Gobierno insiste en las millonarias ganancias de las EPS?
P. A.: parte de la narrativa de la reforma de salud parte de una premisa errónea, y es que las EPS tienen grandes ganancias. El margen de las EPS en los últimos años ha estado entre 0 y 3 %. Otros actores del sector salud tienen márgenes mucho más amplios. Si se quiere mejorar la eficiencia del gasto en salud, deben revisarse todos los eslabones.
Los márgenes de las EPS son muy estrechos, y situaciones como las que vivimos el año pasado de alta inflación, devaluación y un aumento muy notorio de frecuencias de uso de servicios de salud hace que lo que paga el Gobierno a las EPS por organizar y garantizar el plan de beneficios con cargo a la UPC sea insuficiente y genere pérdidas que no todas las empresas pueden resistir. Parte importante del buen funcionamiento del sistema de salud, es que los recursos sean suficientes.