Una vez se conoció el texto de la reforma a la salud y aterrizó en el Congreso de la República, múltiples voces criticaron el hecho de que no se tramitara como una ley estatutaria.

Esto se debe a que las leyes estatutarias tienen una mayor jerarquía dentro del marco jurídico colombiano, debido a que tratan temas de primera importancia, entre los cuales están los derechos fundamentales.

Como la salud es uno de esos derechos fundamentales, se ha puesto sobre la mesa el hecho de que la reforma presentada por el Gobierno tenga dificultades para pasar por la revisión de la Corte Constitucional en caso de que sea aprobada.

Pese a todo, tanto el presidente Gustavo Petro como la ministra de Salud, Carolina Corcho, han insistido en que su propuesta es una ley ordinaria.

De hecho, hace unos minutos la ministra Corcho volvió a defender esta premisa. “La reforma a la salud radicada establece el cómo garantizar el derecho fundamental que estableció la ley estatutaria, reforma los ‘cómo’ de la ley 100 de 1993, 1122 de 2009 y 1438 de 2011, por tanto es claramente una ley ordinaria”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

Una de las razones por las cuales también podría considerarse más efectivo pasar la reforma a la salud por esta vía es que su proceso es mucho más ágil que si se le da la clasificación de ley estatutaria.

La ministra Corcho propone la desaparición progresiva de las EPS en la reforma a la salud. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / Publicaciones Semana

Pero el revolcón que se está proponiendo ha hecho que muchos congresistas no estén de acuerdo con ese trámite, entre ellos el senador Humberto de la Calle.

“Desde el 91, en la Constitución, se crearon categorías de leyes. Unas son superiores a otras en el sentido de que tocan los derechos, particularmente los derechos fundamentales. Esas leyes se denominaron estatutarias”, indicó De la Calle durante un foro que se realizó este 15 de febrero en la Universidad Javeriana.

El presidente Gustavo Petro señaló que la reforma a la salud no tendrá mensaje de urgencia para ser debatida en el Congreso. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / Publicaciones Semana

“El Gobierno ha sostenido que esta ley que presentó es ordinaria y que, por tanto, se aprueba con las características generales de las leyes que no tienen otro rango. Yo creo que esa es una visión equivocada y riesgosa, incluso para el Gobierno”, dijo De la Calle.

Sostuvo que no hay forma de argumentar que la reforma a la salud no toca elementos esenciales del acceso al derecho a la salud. Así mismo, señaló que pasarla por la vía de una ley estatutaria permitiría tener más tiempo para debatirla y también requeriría una mayoría más robusta en los debates, con lo cual se garantizaría un mayor consenso.

Humberto de la Calle ha señalado que la reforma a la salud podría tener tropiezos de constitucionalidad si se presenta como ley ordinaria. | Foto: GUILLERMO TORRES

Y señaló que hay varios artículos dentro del texto de la reforma que dan cuenta de que se está legislando sobre un derecho fundamental. “Hay una redefinición del derecho a la salud, en los primeros artículos hay una definición nueva“, agregó el senador y señaló que también se hacen definiciones sobre la participación ciudadana y se cambia la forma en la que los ciudadanos acceden al sistema de salud.

Estos argumentos también fueron esbozados por otros congresistas que suscribieron una carta en la cual le pidieron al Gobierno nacional debatir la reforma a la salud hasta marzo.

“El trámite del proyecto debe hacerse en sesiones ordinarias, la votación para esos preceptos es calificada y, dada su jerarquía, se exige una revisión previa de constitucionalidad en cabeza de la Corte”, señalaron en la misiva.

En esa medida, advirtieron que la Corte Constitucional ya ha señalado que la salud es un derecho fundamental y, como tal, legislar al respecto requiere del uso de la figura de la ley estatutaria.

“Estas reflexiones son convenientes para la sociedad colombiana por las razones anotadas. Y terminan siéndolo también para el Gobierno mismo, que no querrá ver que una reforma de señalada importancia en su programa termine afectada por discusiones jurídicas que deben y pueden ser salvadas desde ahora”, concluyeron los congresistas.