Las personas que forman parte de la población inimputable en Colombia son definidas en el Código Penal como todas aquellas que en el momento de ejecutar una conducta antijurídica no estaban en capacidad de reconocer que se trataba de un delito. Esto puede suceder por “inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”.
Aunque son condenadas por la justicia, su privación de la libertad es distinta a la que enfrenta el resto de personas encontradas culpables por distintos delitos. De hecho, deben ser internadas en recintos especiales que estén en capacidad de darles un tratamiento adecuado.
A su vez, en materia de salud estas personas también se encuentran en un estado de vulnerabilidad, según lo ha advertido el Ministerio de Salud. Por ello, requieren de una atención sanitaria distinta al resto de las poblaciones.
“El enfoque diferencial para las personas inimputables está dirigido al cumplimiento de las funciones de la medida de seguridad referidas a la protección, curación, tutela y rehabilitación de la persona condenada”, indicó el Ministerio de Salud en un boletín poblacional de 2019.
Aunque no se han hecho públicos datos más actualizados, hasta ese año el Estado colombiano había identificado que en territorio nacional había cerca de “377 personas inimputables por trastorno mental con medida de seguridad consistente en internación en establecimiento psiquiátrico”.
Estas personas, según las cifras de la cartera ministerial, estaban ubicadas en 13 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). En su momento, la mayoría se encontraban distribuidas en los departamentos de Antioquia y Santander y en la ciudad de Bogotá.
“Con base en la Constitución Política, artículos 47, 48, 49, 113 y 209 principalmente, el Ministerio de Salud desde 1997 asumió la responsabilidad como actor de SGSSS, del tratamiento de los inimputables por trastorno mental”, destacó el Ministerio de Salud en su boletín.
Pues bien, para cumplir con ese mandato legal, en las últimas horas el Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que anunció una nueva asignación presupuestal para la atención y el acceso a los servicios sanitarios de esta población.
Según indicó esa cartera ministerial, por medio de la Resolución 2686 del pasado 21 de diciembre asignó 1.001.050.855 pesos del presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio para pagar atenciones de las personas inimputables que correspondían a 2016 y 2021.
También señalaron que de acuerdo con el acto administrativo, los dineros que les asignaron a las entidades beneficiarias “tendrán destinación exclusiva a sufragar los servicios de asistencia médico psiquiátrica y social, así como rehabilitación de la población inimputable del país, por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica e inmadurez psicológica, con medida de seguridad consistente en la internación en establecimiento psiquiátrico, determinada por las autoridades judiciales, así como los traslados a valoración por el Instituto Nacional de Medicina Legal”.
Por atenciones prestadas en 2016, le asignaron 898.576.277 pesos a la Secretaría de Salud de Bogotá. Y por servicios que se llevaron a cabo el año pasado les asignaron 28.927.740 pesos a la Secretaría de Salud de Boyacá, 17.955.104 pesos al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y 55.591.734 pesos a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.
Ahora esas entidades territoriales tendrán que rendir cuentas sobre esos nuevos recursos. Según reza la resolución, las autoridades sanitarias locales “están obligadas a incorporar en sus presupuestos los recursos asignados y deberán remitir a la Oficina de Promoción Social los soportes correspondientes a la incorporación”.
Así mismo, el Ministerio de Salud indicó que estará revisando con cuidado que los recursos se ejecuten adecuadamente. Y señaló que se espera que la destinación del dinero corresponda a la destinación que determinó la resolución.