Durante un conversatorio sobre la reforma a la salud que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, el viceministro de Protección Social del Ministerio de Salud, Luis Alberto Martínez, hizo una defensa cerrada del proyecto de ley, que fue radicado en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.
El evento fue organizado por la Universidad Católica Luis Amigó y contó con varios líderes, analistas y académicos del sector salud con el objetivo de ahondar en las propuestas del articulado.
“En su intervención, realizada en un auditorio conformado principalmente por estudiantes, el viceministro Martínez hizo una reseña de los antecedentes jurídicos que dieron origen a la actual propuesta planteada por el Proyecto de Ley 339 de reforma al sistema de salud”, indicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa.
Para empezar, señaló que el modelo de atención en salud que había antes de 1991 estaba centrado en la “caridad”, pero advirtió que en 1991 la Constitución Política subrayó la necesidad de reconocer la salud como un derecho fundamental.
Advirtió, sin embargo, que durante el siglo XXI la discusión de la salud empezó a entenderse bajo las lógicas del mercado, lo cual consideró un error.
“Las directrices de la banca multilateral que, en sus lineamientos, señalaba el adelgazamiento del tamaño de los estados y con esta práctica, el impacto en el alcance del servicio y el derecho”, señaló el Ministerio de Salud en el comunicado.
No obstante, el viceministro indicó que la Corte Constitucional marcó un hito clave con la expedición de la sentencia T760 de 2008, que le hizo ajustes al modelo de salud actual para fortalecer la equidad en materia sanitaria.
Entre otras cosas, indicó que esa decisión constitucional sirvió para “ponerle orden” al sistema de salud, que para el viceministro ya estaba mostrando algunas “fragilidades”, pues advirtió que el derecho a la atención estaba supeditado a la afiliación, lo cual podía generar discriminación entre las personas más pobres.
Reiteró que uno de los temas a los que más les presta atención la reforma es la atención primaria en salud, que ya se había planteado desde la expedición de la Ley 1438 de 2011. También indicó que es clave prestarles atención a los determinantes sociales en salud, que engloban una gran cantidad de aspectos que acaban afectando las condiciones sanitarias de las poblaciones, como el acceso al agua potable, comida de calidad y distintos servicios públicos.
Por último, insistió en una de las premisas que ha defendido el Gobierno nacional en las últimas semanas: construir sobre lo construido. “No se eliminarán recursos que aseguren la prestación de servicios de salud”, precisó el viceministro.
“Estas conversaciones están ilustrando mejor cuáles son las necesidades de reformar el actual sistema general de seguridad social en salud en uno que vaya en la dirección de garantizar el goce efectivo del derecho, de facilitar el acceso de la población a los servicios, de vigilar que los recursos se inviertan con mayor eficiencia y eficacia”, añadió Martínez.
Y advirtió que estos ejercicios no solo permitirán avanzar en la socialización del proyecto de ley, sino que permitirán ayudar a que el nuevo modelo sea implementado correctamente.
Las fuertes críticas a la reforma a la salud
Pese a las bondades del proyecto de ley que estacó el viceministro Martínez, lo cierto es que hay varios sectores que se le están oponiendo. Entre ellos está la Andi, que este 24 de febrero emitió un documento en el cual mostró varias inquietudes frente a la reforma a la salud e incluso puso sobre la mesa algunas propuestas sin necesidad de cambiar el modelo de salud actual.
Entre otras cosas, indicaron que el texto propuesto por el Gobierno nacional “puede afectar seriamente la atención a los usuarios”.
También manifestaron dudas sobre el papel protagónico que se le da a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
“La Adres no cuenta con la capacidad operativa para ser el pagador único del sistema de salud, lo que puede generar un colapso y consecuente falla en la atención de salud”, indicaron desde la Andi. “La estructura de gobernanza planteada crea burocracia, aumenta el riesgo de injerencia política y probable corrupción sobre los presupuestos de la salud en los territorios”, agregaron y señalaron que el impacto fiscal de la propuesta no sería sostenible.