Distintas agremiaciones médicas se han pronunciado en las últimas horas frente al aumento acelerado en el cierre de servicios de pediatría y obstetricia en diferentes hospitales país, algunos de ellos en ciudades capitales, bajo el argumento de que no son rentables.
Es que Colombia, que debería tener unas 30.000 camas pediátricas (2,5 por cada 1.000 habitantes), solo cuenta con 9.604, por lo que el déficit ya suma más de 20.000 unidades. Por ello, el cierre de las camas de atención pediátrica tiene en alerta a los médicos. “Se han venido cerrando servicios netamente pediátricos y obstétricos en Cali, en Medellín y hasta en Cartagena“, asegura Mauricio Guerrero, presidente Sociedad Colombiana de Pediatría.
Una de las entidades que se pronunció en medio de la polémica es la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), gremio que agrupa a 69 especialidades de la medicina, y que “hace un llamado de urgencia al Gobierno Nacional y a los distintos actores del sistema para que unidos se pueda garantizar la atención en salud a madres gestantes, recién nacidos y niños”.
La presidente de la ACSC, Dora Bernal, tras puntualizar que las mujeres (incluyendo las embarazadas) y los niños “son sujetos de especial derecho constitucional”, recordó que uno de los artículos de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que tiene como objeto principal garantizar el derecho fundamental a la salud, “establece que la atención a esta población no podrá estar limitada a ningún tipo de restricción administrativa o económica”.
Agregó que las instituciones que ofrecen los servicios de salud “deben definir procesos que garanticen las condiciones para su prestación, incluyendo la atención postparto para las mujeres embarazadas”.
Hasta el momento, el país ha dejado de contar con cerca de 600 camas para servicios de pediatría.
Otras agremiaciones médicas, como la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, comparten esta preocupación que compromete el derecho a la vida de los niños. “Estamos en la obligación de alertar al gobierno nacional y al Ministerio de Salud sobre esta preocupante situación; hacemos un llamado a priorizar la vida y la salud de nuestros infantes sobre la rentabilidad, que suponemos es el factor que ha desencadenado estos cierres”, aseguró Margarita Martínez, su presidenta.
De acuerdo con la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed), esta situación no solo es grave si no progresiva y los retrocesos sobre los indicadores de la salud de la mujer son hasta de 12 años. “La morbimortalidad materna y perinatal, indicadores del desarrollo de un país, ha aumentado en los últimos cuatro años. El Estado debe corregir con urgencia la deficiente destinación de recursos para la atención materna y perinatal, dando prioridad real a la mujer y el binomio madre-hijo, con esquemas de atención que motiven la apertura y desarrollo de centros para su atención.”, aseguró Jorgenrique Enciso, presidente de dicha federación.
Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, cuestionó que “se cierren los servicios que generen menos utilidad. Pediatría puede dejar utilidad o rentabilidad de entre 1 y 2 por ciento, comparado con otro tipo de servicios como radiología o las unidades de cuidado intensivo, cuya utilidad puede estar en un 20 o 25 por ciento”.
En el mismo sentido se pronunció el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia, que rechazó el cierre continuado de camas y servicios de pediatría. Situación que, denuncian, se viene presentando desde hace varios años. Y revelaron que, a través de un comunicado de la EPS Sura, se dio a conocer el cierre definitivo de los servicios de pediatría de la Clínica Farallones en Cali, la cual solo prestó sus servicios hasta el pasado 31 de julio.
Y hacen dos planteamientos. Por un lado, asegura que el cierre progresivo de estos servicios pone barreras para la atención oportuna de las pacientes. Y, por otro, precariza las ya difíciles condiciones laborales de miles de médicos en el país.
Para la ACSC, ni el Estado, ni las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que actualmente administran el sistema, ni las IPS públicas y/o privadas, están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales, poniendo en riesgo la salud de las mujeres en estado de embarazo, de quien está por nacer y de todos los niños, “lo cual es inadmisible, más si se tiene en cuenta el argumento fútil de la poca rentabilidad que ofrece la atención de los partos y los niños”, asegura Dora Bernal.
“Todos los actores del sector de la salud, incluido el Gobierno Nacional, deben cumplir con las disposiciones constitucionales y legales que les corresponden para garantizar la atención médica, las cuales no pueden ser letra muerta y menos cuando está en discusión la salud y bienestar del futuro de Colombia. El país cuenta con el recurso profesional para su atención médica en una oferta de camas que ya es limitada”, agregó la presidenta de la ASCS.