En Massachusetts, un estado ubicado en la costa este de Estados Unidos, se está proponiendo un ajuste a la legislación vigente que permitiría que a las personas privadas de la libertad les rebajen su pena a cambio de que donen uno de sus órganos o médula ósea.
La polémica iniciativa legal que cambiaría las normas en ese estado ha generado una intensa controversia por las implicaciones éticas que tendría en la práctica.
No obstante, sus promotores han señalado que sería una buena estrategia para engrosar la lista de donantes de órganos, que en la actualidad no logra cubrir las altas demandas que se presentan en ese estado y en todo el país.
Se trata de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes de Massachusetts en enero pasado. La idea de la medida es que, de ser aprobada, las personas privadas de la libertad logren una reducción de entre dos meses y un año de su condena en caso de convertirse en donantes.
El proyecto de ley está siendo promovido por varios congresistas. Uno de ellos es el demócrata Carlos González, quien le dijo al portal de noticias local Boston.com que estaba respaldando la iniciativa después de conocer el caso de un amigo cercano que necesita asistir a diálisis frecuentemente debido a que no encuentra un donante de riñón, algo que le permitiría mejorar enormemente su calidad de vida.
“Es padre de tres hijos y está en la etapa 4 de insuficiencia renal”, le explicó González a Boston.com. “Amo a mi amigo y rezo a través de esta legislación para que podamos extender las posibilidades de vida para él y cualquier otra persona en una situación similar de vida o muerte”, puntualizó el representante a la Cámara.
El programa de donación de órganos que quieren establecer se haría a través del Departamento Correccional de Massachusetts.
Allí crearían un comité especializado para evaluar a los posibles donantes. Entre los miembros de ese comité, indicó el Boston.com, estarían un representante del Departamento Correccional, un experto en donación de órganos y un defensor de los derechos de las personas privadas de la libertad.
“Debemos proporcionar a cada persona encarcelada la orientación de expertos médicos y defensores para garantizarles los mismos derechos y oportunidades que cada persona en Massachusetts tiene para salvar la vida de su madre, padre, hermano, hermana, hijo o amigo“, le dijo González a Boston.com.
“Es un proyecto depravado”: voces de oposición a la propuesta
Hay cuestiones éticas que toca el proyecto de ley y que han puesto a dudar a académicos y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
En la revista MIT Technology Review, un medio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se publicó una columna firmada por la periodista especializada en biomedicina. Jessica Hamzelou, quien califica la iniciativa legislativa radicada en la Cámara de Representantes de Massachusetts como una “idea terrible” y pide considerar varios aspectos éticos en el debate.
Por ejemplo, argumentó que si bien es cierto que en Estados Unidos la lista de espera de donantes de órganos asciende a las 100.000 personas, lo cierto es que la solución no debería estar en los centros de reclusión.
“Someterse a una cirugía u otros procedimientos dolorosos para donar un riñón, un lóbulo hepático o médula ósea para salvar la vida de otra persona es probablemente una de las cosas más generosas y desinteresadas que cualquiera de nosotros puede hacer”, anotó Hamzelou.
“Es de vital importancia que los donantes vivos entiendan y acepten estos riesgos para que su decisión de donar sea totalmente informada y libre. ¿Puede alguien que sufre en prisión y está desesperado por salir, realmente dar su consentimiento libre e informado?”, se preguntó la periodista.
Mientras tanto, algunos defensores de los derechos de las personas privadas de la libertad han criticado con fuerza las intenciones de algunos congresistas de intercambiar donaciones de órganos por rebajas de penas.
“Cuando vi el proyecto de ley, me pareció poco ético y depravado. Y la razón es porque no es ético vender órganos; no es ético incentivar la venta de órganos por muchas, muchas buenas razones”, le dijo Michael Cox, director ejecutivo de la organización que promueve la abolición de las cárceles Black and Pink Massachusetts, la cual trabaja con personas LGBTQ+ y VIH+ privadas de la libertad.
Y argumentó que las personas que se encuentran en las prisiones son una porción vulnerable y marginada de la población que no está en condiciones de decidir autónomamente si donan sus órganos a cambio de recuperar tiempo de libertad.