De cumplirse lo dicho hace unos días por el ministro del Interior, Alfonso Prada, la reforma a la salud se radicaría en 25 días. Y es que de la propuesta, que ha causado tanta polémica, ya se han ido conociendo varios aspectos. Uno de ellos, como lo confirmó Ana María Soleibe, del Comité de impulso de la reforma estructural al sistema de salud, para SEMANA, es que el texto ya se terminó.
“El borrador de la reforma ya se terminó. Se hizo la revisión pertinente y se le entregó el 5 de enero al presidente, quien la tiene ya en proceso de revisión propio”, dijo.
Ahora, Soleibe resaltó seis puntos importantes de la propuesta que presentaron. El primero y más escuchado relacionado con el papel de recibo y giro de dinero de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
“No habrá un manejo de los recursos públicos por entidades privadas… Una de las banderas rojas del proyecto es el manejo de los recursos de la salud por entidades privadas, porque lo que ha mostrado la historia durante estas tres décadas, es que eso fracasó; la administración de estos recursos públicos fracasó”, argumentó quien desde hace años ha venido trabajando en la idea de la reforma.
Un segundo punto, del que se venía hablando desde el lanzamiento del programa en Aracataca, Magdalena, es la atención primaria y la red de servicios integrales e integradas, con un fuerte enfoque en dicho modelo.
“Lo que nos proponemos es un sistema de salud que le apueste a un modelo preventivo y predictivo y para eso también tiene una relevancia los determinantes sociales, porque sin estos las personas no van a poder tener un desarrollo sano y un estado de salud verdadero”, detalló la integrante de la Comisión de Seguimiento.
El tercer punto se enfoca en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, que ha sido una de las quejas en las que coinciden, sin distinción de orillas políticas, quienes a través de laborales como la enfermería, odontología y hasta medicina hacen posible la atención de los pacientes.
“El sistema debe garantizar también las condiciones laborales de los trabajadores, unas condiciones dignas, justas, estables en donde se garantice su capacitación y su formación dentro de las instituciones”, comentó Soleibe.
Un cuarto punto se refiere a la financiación del sistema. Se mantendrá el flujo de ingreso a través del pago de los empresarios, por los trabajadores y del Sistema General de Participaciones. Lo que si se modificaría es la manera en que se cuidan esos recursos. Es decir, que buscan un acceso transparente, permanente, disponible en línea y en tiempo real del manejo de estos dineros.
Esto lleva al quinto punto y es transformar la Superintendencia Nacional de Salud. Mencionó en su momento el superintendente Ulahí Beltrán, sería una forma de “darle más dientes” a la entidad de control.
“Bajo la actual circunstancia que tenemos y que obedece a una última reestructuración de la Superintendencia en 2019, (...) se le dieron dientes, pero de leche. Cuando van a morder al infractor se le caen los dientes. Eso no sirve. Queremos una capacidad real de control sancionatorio”, puntualizó el superintendente.
Agregó Soleibe, en conversación con SEMANA, que la variación quiere lograr “un sistema de inspección, vigilancia y control con una Superintendencia Nacional descentralizada con capacidad resolutiva en menos de 72 horas”.
Y un sexto punto importante es la política farmacéutica y de evaluación de tecnologías. Que incluiría la actualización de dichos lineamientos cada dos años. Este aspecto está relacionado directamente con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Dicho Instituto también es dirigido actualmente por Francisco Rossi, quien es cercano y ha estado involucrado en la causa de la reforma que defiende la ministra Corcho, el superintendente Beltrán y miembros clave de la idea como Ana María Soleibe.