En una reunión que sostuvieron los directivos de cinco clínicas y hospitales del país con el presidente del Senado, Roy Barreras, le manifestaron sus preocupaciones sobre el proyecto de ley de reforma a la salud que está alistando el Gobierno nacional.
Aunque el texto final no se conoce, se espera que la iniciativa termine su proceso de revisión esta semana y sea radicada en el Congreso de la República en los próximos días, por lo cual la discusión ha estado al rojo vivo en todo el país.
“En reunión con las cinco principales Clínicas de Colombia, fundaciones sin ánimo de lucro. Responsables del 80 % de trasplantes y que atienden 1′539.000 colombianos en urgencias y ocupan 25.000 profesionales de la salud”, escribió el senador Barreras.
Y advirtió que las preocupaciones que tienen sobre la reforma fueron consignadas en un documento que compartió con la opinión pública.
Se trata de una carta firmada por directivos de la Fundación Valle de Lili, el hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Cardiovascular de Colombia y la Fundación Santa Fe de Bogotá.
En la misiva que dirigieron al presidente del Senado, los representantes de esas instituciones advirtieron que no se trata de una posición gremial. Es decir, no son preocupaciones de todas las clínicas del país.
“Quienes suscribimos esta comunicación transmitimos preguntas que permitirán, desde la perspectiva de cinco prestadores privados sin ánimo de lucro, fortalecer el debate amplio y técnico del sector salud. Las preguntas que ponemos a su disposición no pretenden ser una posición gremial o colectiva”, indicaron.
Las inquietudes de las clínicas
Agregaron que están conscientes de que el sistema de salud colombiano requiere ajustes, pero señalaron que estos solo deben hacerse como producto de una discusión técnica. Y, a continuación, manifestaron cerca de 16 puntos que les generan inquietud con relación a la reforma a la salud del Gobierno nacional.
Para empezar, se preguntaron por la figura de Consejos Nacionales y Territoriales, que parece tendrán un papel clave en la implementación de políticas públicas en salud.
“¿Cómo impactaría en el acceso y en la calidad de la atención a los pacientes el nuevo rol de los Consejos Nacionales y Territoriales? ¿Cómo equilibrar la vocación social con la discusión técnica para la toma de decisiones?”, se preguntaron en la misiva.
Otra de las dudas que manifestaron tuvo que ver con la desaparición de las EPS si se aprueba la reforma. En esa medida preguntaron cómo funcionarían temas como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y las actividades de articulación entre las redes prestadoras de servicios.
Indicaron que es importante conocer cómo se mantendrán los logros en materia de acceso equitativo a los servicios de salud y el equilibrio presupuestal del sistema.
“¿Cómo ejercerán su libertad de elección las personas en condiciones de vulnerabilidad?”, se preguntaron, pues todo apunta a que los ciudadanos serían inscritos de forma automática a centros de atención primaria en salud que se encuentren cerca de su vivienda.
Respecto a esos centros también advirtieron que es clave dar a conocer cómo se integrarían con el trabajo de los hospitales y se preguntaron si esa atención primaria solo se prestará en instituciones públicas o también se prestará en entidades de carácter mixto y privado.
Y en el caso de la estrategia “preventiva y predictiva”, se preguntaron cuál será el rol de las instituciones prestadoras de servicios de salud para apoyar ese nuevo modelo.
Sobre el tema financiero, mientras tanto, sostuvieron que debe haber claridad en varios puntos. Por un lado, debe aclararse cómo funcionará en adelante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que hoy reciben las EPS por cada persona que tienen afiliada.
Lo mismo para el Plan de Beneficios en Salud, que son los medicamentos y los servicios que son cubiertos por el sistema colombiano. También es clave indicar quién se encargará de asegurar la entrega de eso fármacos e insumos médicos.
Subrayaron que es clave indicar qué actor estará encargado de auditar las cuentas de los prestadores privados y públicos, en esa medida, escribieron que debe haber claridad sobre el ente que se encargará de las acciones de vigilancia y control dentro del sistema. Además, pidieron saber si habrá incentivos para las instituciones que tengan calidad.
Manifestaron sus dudas sobre las políticas públicas que se empezarán a aplicar en materia de salud mental y el desenlace clínico de los pacientes.
Sobre el tema laboral también expresaron inquietud. “¿Cómo garantizar el mejoramiento de estándares laborales para todo el sector, sin perder lo logrado en instituciones acreditadas?”, se preguntaron.