Este 9 de mayo se conoció un nuevo pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en el que se refirió a la sostenibilidad financiera de varias iniciativas que está impulsando el Gobierno nacional, incluida la reforma a la salud. Allí identificó “cinco riesgos” con respecto al proyecto de ley.
El concepto emitido por el Carf reconoce que las intenciones que tiene el Ejecutivo de hacer transformaciones profundas en el sistema de salud colombiano traerán importantes “esfuerzos fiscales adicionales”.
De hecho, a partir de las cifras que han sido publicadas por el Gobierno nacional, el Carf advirtió que la implementación del proyecto de ley podría traer costos fiscales de entre cuatro y siete billones de pesos cada año.
El comité, además, advirtió que, aun cuando los recursos sean programados dentro de los límites de gasto que son compatibles con la Regla Fiscal (que garantiza la sostenibilidad del Estado), hay varios riesgos que tendrían que correrse y que podrían “elevar el costo”.
“La adición de los recursos para la salud provendría de las transferencias de la nación a la Adres, para el cierre del aseguramiento, con lo cual se sumaría a las inflexibilidades que ya caracterizan el presupuesto, lo que hace aún más difícil la gestión fiscal futura”, detalló el Carf.
Para empezar, manifestó su preocupación por las proyecciones que ha hecho el Gobierno nacional sobre los costos que traería la atención primaria en salud, pues indicó que podrían estar subestimados. Entre otros gastos que habría están la adquisición, dotación y contratación de los centros de atención primaria en distintas regiones del territorio.
También hicieron observaciones sobre “potenciales excesos de gasto en la atención primaria. El esquema actual protege las finanzas públicas en la medida que cuenta con un administrador de los recursos, las EPS, y una restricción presupuestal, la unidad de pago por capitación y el plan básico de salud”.
De hecho, indicaron que subsidiar la oferta de servicios podría repercutir en un incremento en los gastos y, a la larga, minar las finanzas del Estado.
De otro lado, encontraron que las capacidades del sector público para gestionar los recursos en las regiones podría ser insuficiente. Esto se debe a que, indicaron, el manejo de este dinero en Colombia ha sido históricamente mixto.
“Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de salud”, detalló el Carf.
También advirtieron que hay falencias en la capacidad para gestionar los riesgos que están asociados a la prestación de servicios de salud que estará a cargo de entes estatales, de acuerdo con la propuesta de la reforma a la salud. Y reiteraron que esta gestión del riesgo en la actualidad está compartida con el sector privado.
“En la actualidad los riesgos legales de la prestación de salud recaen, al menos en parte, en los prestadores y aseguradores privados. En la medida que la atención primaria podría prescindir de estas dos instancias, la nación a través de las instituciones de administración de los recursos, asumiría todos estos riesgos”, sostuvo el Carf en su pronunciamiento.
El comité indicó que podrían presentarse demandas por un artículo de la Constitución que obliga al Estado a indemnizar “previa y plenamente” a los actores que vayan a quedar por fuera de la posibilidad de prestar un servicio, en este caso, el servicio de salud.
Por último, el Carf recomendó frenar de momento el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, mientras se ajustan estos asuntos fiscales.
“Se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”, concluyó el Carf.