La sigla EPS ha sido una de las más escuchadas en los últimos meses en Colombia. A su alrededor se ha tejido uno de los debates más sensibles del país. Acabarlas, cambiarlas, mejorarlas, defenderlas y otros verbos acompañan los miles de argumentos que se han dado.
Pero más allá de este punto crucial, la reforma que el Gobierno Petro presentará, por lo menos a partir de los que se ha dicho, tiene otros temas tan importantes como poco mencionados.
Pero claro, en primer lugar, ser parte del papel de las entidades prestadoras de salud y su tarea del aseguramiento. Pues un sistema que se encarga de este derecho y servicio “tiene que responder a las necesidades de las personas, no a los intereses de cada uno de los actores dentro del sistema, por lo tanto, en esas necesidades, una clave es estar asegurado; otra necesidad clave es recibir servicios de calidad, y para eso hay que alinear los incentivos con la calidad”, señaló el profesor de la Escuela de Alto Gobierno Alberto Lleras Camargo, Óscar Bernal.
El docente añade que “eso no lo tenemos en este momento. Eso implica unos cambios en la manera en que está financiado y en la que se están pagando los servicios y en la manera en que se organizan quienes prestan los servicios… la construcción de redes de prestadores de servicio es una tarea pendiente en el país“.
Dicha necesidad se plantea en la reforma, al proponer el robustecimiento de la Adres, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para esta entidad, han sugerido oficinas regionales y que en vez de girar los recursos a las EPS, como actualmente funciona, pase el dinero directamente a los hospitales y clínicas.
Un segundo punto que expone Bernal es la necesidad de fortalecer el nivel básico, “la atención primaria en salud y fortalecer todo el componente de prevención y promoción”.
Justamente, dicho ítem se podría considerar como lo único que se ha “visto” de la reforma, pues el 2 de noviembre del año pasado se lanzó el Programa Preventivo y Predictivo de Atención Primaria en Salud. Y este año, en Villavicencio, se anunciaron nuevos recursos para la creación de nuevos equipos extramurales en el resto del país. Pero aquí viene una primera crítica a lo que ha planteado el Gobierno
“Todavía pensamos que hay que fortalecer más, porque ese modelo no lo va a garantizar con solo equipos que prestan servicios médicos o servicios de salud, hay muchos más actores que se tienen que involucrar para realmente garantizar prevención, al centro del modelo”, dijo.
En este punto coinciden con el director de Investigaciones de la Facultad de Medicina, Luis Jorge Hernández, quien afirma que la propuesta de la reforma debe tener en cuenta tres componentes.
“El primero, desarrollar bien el modelo de atención primaria… El modelo de atención primaria no es primer nivel. Es red de servicios y responde a las necesidades de la población”, puntualizó.
Por otro lado, Hernández asegura que el segundo punto trascendental es fortalecer el talento humano en salud, “crear la carrera administrativa de trabajos de la salud e incluir la academia”, añadió.
Es válido recordar que, en entrevista con SEMANA, Ana María Soleibe, integrante del Comité de impulso de la reforma estructural al sistema de salud, organización que propuso un borrador preliminar de la reforma, dijo que “el sistema debe garantizar también las condiciones laborales de los trabajadores, unas condiciones dignas, justas, estables en donde se garantice su capacitación y su formación dentro de las instituciones”.
Continuando con el análisis de Hernández, menciona como tercer punto una adecuada financiación. “Colombia gasta entre 6 y 7% del PIB en salud, deberíamos estar mejor financiados. Entonces, mejor monitoreo, mejor evaluación, más control social sobre la salud”, comentó.
Las tutelas en el sector salud no desaparecen con la reforma
Requerir de decisiones judiciales para lograr un medicamento o servicio de salud es una práctica conocida en el país y no cambiaría con la reforma, a no ser que se ajuste el sistema de vigilancia. Así lo explica el abogado Juan Felipe Parra Rosas, quien indica que la cantidad de recursos jurídicos también sirve para medir qué tanto funciona el sistema.
“Si ustedes evalúan qué tan efectivo y qué tan eficiente ha sido el sistema de intermediación que nace con la Ley 100 en el 93, los datos nos muestran que la cobertura ha aumentado, pero la calidad no se muestra en la alta litigiosidad (alta cantidad de tutelas)”, empezó explicando.
Por eso, asegura que se debe mejorar el sistema de vigilancia, para lograr el cumplimiento, pues “esto no cambiaría con la propuesta de crear una aseguradora pública, con la que nos ahorramos los gastos y los costos transaccionales de intermediación… Independientemente de qué existe, la normatividad se incumple, lo que nos muestra es que no se está haciendo efectiva la norma”.
Es decir, se debería tener como objetivo reducir los problemas que se gestionan por tutela y para ello “es muy importante fortalecer el sistema de vigilancia y control en Colombia en materia de salud, es muy importante… La Corte Constitucional, en sentencias, ha dicho que los mecanismos que tiene la Superintendencia de Salud no son efectivos para proteger los derechos fundamentales, eso ya dice mucho: me dice que no está sirviendo el sistema de inspección y vigilancia en nuestro país. Entonces ese sería para mí como el punto para solucionar el problema del sistema”, agregó el docente de derecho.
Sobre este punto, también en su momento el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró que buscarán “más dientes” para su entidad, con la reforma.
Finalmente, un aspecto adicional a tener cuenta lo señala Rosas, quien explica que de darse la reforma, vendrían cambios y ello sugiere una curva de aprendizaje, que también implica naturalmente aprender de errores, solo que para este contexto las consecuencias son complejas.
“Vamos a traer una nueva estructura, un nuevo sistema que va a tener que aprender y uno cuando aprende se equivoca, es natural. El problema es que cuando estamos hablando del sistema de salud las equivocaciones se pueden traducir en vidas, se pueden traducir en negaciones o en problemas en la prestación material del derecho a la salud, y eso va a implicar que muchas personas van a tener que recurrir a la acción de tutela”, concluyó