Este 4 de febrero varios altos funcionarios del Gobierno nacional estuvieron en Cali socializando la discutida reforma a la salud que aterrizará en el Congreso de la República durante las próximas semanas. Uno de los asistentes fue el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, quien pidió más herramientas para la entidad que preside.
Según señaló, el proyecto de ley de reforma a la salud que está a punto de radicar el Gobierno debe otorgarle a la Superintendencia Nacional de Salud herramientas adecuadas para actuar de forma “efectiva y rápida” para controlar a los actores del sistema que pasan por encima de los derechos de los pacientes colombianos.
“La ley 1949 del 2019 le entregó a la Superintendencia unos dientes, pero han sido dientes de leche, porque cuando va a morder al infractor se le caen”, sostuvo el superintendente.
Y añadió que los ciudadanos en la actualidad tienen que atravesar una especie de carrera de obstáculos para acceder a la atención de salud. Por ello, argumentó Beltrán, requieren que la Superintendencia de Salud ejecute intervenciones más ágiles.
“Necesitamos una Superintendencia capaz de ejercer un control sancionatorio y correctivo que le garantice al ciudadano afectado una protección de manera rápida y que genere una actuación sancionatoria ejemplar para el que tiene la obligación de garantizar la protección”, indicó Beltrán durante su intervención en Cali.
El alto funcionario también aprovechó el espacio para compartir con la opinión pública algunos de los indicadores que maneja la Superintendencia de Salud frente a las inconformidades que han manifestado los pacientes durante el último año.
Así fue como se conoció, por ejemplo, que en 2022 les llegaron cerca de 1,2 millones de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) a través de todos los canales de atención que ha dispuesto esa entidad de vigilancia y control.
Según indicó la Superintendencia de Salud a través de un comunicado, estas acciones legales “corresponden a manifestaciones de inconformidad o de insatisfacción de las personas frente a los servicios de salud que debían recibir”.
A su vez, señalaron que el 34 % de esas PQRD correspondieron a “riesgo de vida”, una clasificación que se les da a las solicitudes que presentan los pacientes cuando necesitan una solución inmediata debido a que se encontraban en un delicado estado de salud.
“El denominador común que evidenciamos es el de personas afiliadas a una agencia de aseguramiento (EPS) pero que no se encuentran aseguradas ni protegidas, sino que son expuestas a circunstancias donde su vida se encuentra en peligro y debemos actuar rápidamente para poder honrarles su derecho a la salud”, puntualizó el Superintendente Beltrán López.
El top de las principales quejas
A su vez, la Superintendencia de Salud también advirtió cuáles son los principales motivos por los cuales las personas radican PQRD ante esa entidad.
Entre otras cosas citaron las demoras en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de los medicamentos para sus tratamientos, las dilaciones en la programación de exámenes de laboratorio y diagnósticos, y la falta de oportunidad para la programación de cirugías.
Por último, el superintendente Beltrán hizo énfasis en que la entidad que encabeza debe ser más cercana a los pacientes, pues trabaja directamente con ellos.
“Nunca antes estuvimos tan cerca de hacer legítimo el deseo de todo un país por tener una Superintendencia amiga, solidaria, que respalde a los ciudadanos y no que se muestre solidaria con los que tradicionalmente han venido infringiendo la normatividad”, aseveró.
Y defendió la propuesta de la reforma a la salud señalando que el país nunca antes había estado tan cerca de tener un modelo de salud que se merece.
“Vamos a luchar para tenerla hasta que el respeto por el derecho y la dignidad de la salud se honren y se vuelvan costumbre en nuestro país”, concluyó Beltrán.