Pese a la presión que lanzó el presidente Gustavo Petro desde las calles este miércoles, 7 de junio, el Gobierno nacional falló en un nuevo intento por lograr que se vote la reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara.
El ambiente enrarecido que han dejado los audios revelados en SEMANA, en los que el exembajador Armando Benedetti deja ver que habría existido un manejo irregular de los dineros en la campaña presidencial de Petro han contribuido a que el Congreso no le quiera caminar a las reformas del Gobierno.
Este miércoles, cuando se esperaba dar el debate, la Plenaria de la Cámara se tuvo que dedicar a votar una lluvia de impedimentos que presentaron varios congresistas. La sesión se dilató hasta tal punto que el presidente de la corporación, David Racero, no tuvo más opción que levantar sin haber iniciado el debate y citar para la próxima semana.
Esta es la segunda vez en esta semana que se intenta discutir la iniciativa sin que se pueda avanzar. Este martes, por ejemplo, se tuvo que cancelar la sesión media hora antes de su inicio, debido a que no había el ambiente político para dar el debate.
Sobre este polémico proyecto, el presidente Gustavo Petro recibió una carta que estuvo firmada por decenas de exministros, académicos y representantes de distintos gremios del sector sanitario, en la que se pidió retirar el articulado.
Uno de los firmantes fue el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien advirtió en entrevista con Noticias RCN que este proyecto, de aprobarse, va a perjudicar a los más pobres.
“El mayor inconveniente es que no se ha tenido en cuenta la opinión de la mayoría de gente. El segundo es que se están saltando pasos reales y constitucionales que debían haber atendido con anterioridad. Acá han ido a la fuerza y con la intención de imponer, sin tener en cuenta a la opinión de la gente”, dijo el exministro.
“Ellos podrían estar afectando el sistema de salud, para nadie es un secreto que este sistema se ha convertido en uno de los más importantes de Colombia”, agregó en la entrevista.
En la carta también aparece la firma de algunas académicas como Tatiana Andia, experta en salud pública, y de dirigentes gremiales como Paula Acosta, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS del país.
“Los abajo firmantes creemos firmemente en la posibilidad de generar cambios positivos en nuestra nación. Nos dirigimos a usted con respeto y apertura, conscientes de que el diálogo y la colaboración son fundamentales para construir un futuro próspero y equitativo en Colombia”, indicaron en la misiva.
Entre otras cosas, afirmaron que no buscan “debatir ni evaluar” las fallas o los aciertos del Gobierno nacional, sino que pretenden simplemente expresar sus preocupaciones y propuestas acerca de las reformas sociales que están en discusión, particularmente la de la salud.
“En primer lugar, consideramos importante señalar que el proceso llevado a cabo hasta el momento ha carecido de una participación amplia y transparente por parte de toda la sociedad. A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”, señalaron.
Y agregaron que la discusión se ha asemejado más a “un monólogo” en el cual se ha impuesto una visión única del sistema de salud. Más aún porque, consideraron, la propuesta no tiene en cuenta algunos riesgos a los que se podría enfrentar el país una vez empiecen a implementarse los cambios propuestos en el texto de la reforma.
“Además, nos preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”, explicaron los firmantes de la misiva.
De hecho, afirmaron que el articulado que ya pasó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara aún no aclara varios puntos que producen incertidumbre. Por ejemplo, señalaron que pasar del actual modelo de aseguramiento mixto a uno público podría representar muchos retos que consideraron que son “innecesarios” e incluso podrían sobrepasar las capacidades que tiene el Estado para asumir esas nuevas funciones.