Pese a la sorpresiva salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud, el Gobierno sigue firme con el trámite de la reforma al sistema de atención sanitaria. Así lo dejó ver en su más reciente intervención el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, quien defendió el proyecto de ley.
De hecho, esta semana fue aprobada la ponencia positiva de la reforma a la salud y se espera que los artículos que contiene sean sometidos a votación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en el transcurso de la próxima semana.
Mientras tanto, varios altos funcionarios del sector salud han salido a defender el contenido del articulado. “(Dicen que) no da para tanto, esos negocios de las EPS son malucos, no da plata, de verdad. Y uno lo que pregunta es, si es tan malo el negocio, ¿por qué tanta pelea por seguir con él?”, se preguntó Martínez.
Esta declaración se dio después de que varias EPS han señalado que el aumento de la frecuencia de uso de los servicios de salud, la inflación y la devaluación del peso colombiano han tenido efectos negativos en sus finanzas.
Martínez también dijo que durante su carrera ha tenido una “obsesión” por reducir las brechas de desigualdad en Colombia. Y señaló que, con la aprobación de la Ley 100, que se expidió en 1993 y trazó los cimientos del actual sistema de salud, se esperaba que hubiera mayor equidad, a raíz de que planteaba que toda la población debía tener un aseguramiento en salud.
“La Adres les gira a las EPS 20 billones de pesos cada trimestre, 80 billones de pesos en el año y les gira para que atiendan al 99 % de la población una unidad de pago por capitación por cada ciudadano, hasta ahí hay cobertura, porque el Estado paga por todos los ciudadanos. ¿Pero qué pasa con la plata?”, se preguntó el director de la Adres.
Y se preguntó por qué los recursos de la salud se concentraron en las zonas donde vivían las personas con mayor poder adquisitivo. “El efecto de los negocios privados en la salud fue ese. El sistema acaba respondiendo a los intereses de los negocios de la salud y no a los intereses de los ciudadanos”, explicó Martínez durante su intervención.
Luego advirtió que, una vez se miran los mapas de prestación de servicios de Bogotá, la mayoría de necesidades médicas maternas se encuentran en localidades como Kennedy y Engativá, mientras que los servicios de ginecología se encuentran en el norte de la ciudad.
“Los niños se mueren de infecciones respiratorias en Ciudad Bolívar, pero las únicas clínicas con cuidados intermedios respiratorios para niños están en el norte. O sea que hay una relación terrible entre las necesidades de la población y los intereses de los negociantes de la salud“, aseguró Martínez.
Durante la audiencia pública también intervino el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego. Pese a la división que ha causado la reforma a la salud en distintos sectores políticos y sociales, el viceministro consideró que tiene un amplio respaldo.
“Llama la atención cómo la sociedad, sobre todo aquella que no controla espacios de poder, está con la reforma”, sostuvo Urrego. “Hay un clamor nacional porque la garantía del derecho fundamental a la salud esté en el centro”, agregó el viceministro.
Y sostuvo que para el Gobierno resulta inadecuado que los recursos públicos sigan siendo manejados por actores privados, en este caso, las EPS.
“La reforma construye sobre lo construido. Los recursos son públicos, no es que la reforma estatiza o desprivatiza. Los recursos son públicos, pero siendo públicos al entrar a jugar dentro del sistema actual del aseguramiento son tratados como privados. Los recursos salen del bolsillo de cada uno de nosotros. La reforma lo que busca es actuar en consecuencia”, detalló Urrego. Y concluyó advirtiendo que la “última palabra” la tendrá la sociedad civil.