Por medio de un comunicado público, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que le impuso una multa cercana a los 72 millones de pesos a la Gobernación del Chocó debido a que presentó fallas en la gestión de los servicios de salud que se prestan en ese departamento.

De acuerdo con el ente de control, esa Gobernación ya había recibido una sanción por un monto de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debido a que había incumplido sus obligaciones a la hora de ejecutar pagos con los que se había comprometido desde 2018.

En su momento, también señalaron al departamento porque no gestionó la prestación de servicios de salud oportunamente a población pobre que no se encontraba asegurada al sistema de salud. Así mismo, habían encontrado que el departamento tenía una baja ejecución en los recursos destinados a la salud pública.

Según indicó la Superintendencia de Salud, ante la decisión que se dio en 2021, “la Gobernación presentó en su momento recursos de reposición y de apelación, sobre los cuales en primera instancia la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas desestimó algunos de los cargos y disminuyó la sanción a 80 smlmv; decisión que, en segunda instancia al resolver el recurso de apelación, fue confirmada por el Superintendente Nacional de Salud a través de la resolución 2023162000000126-6 del pasado 16 de enero de 2023″.

En su comunicado, la Superintendencia de Salud advirtió que la sanción originalmente se dio a raíz de una visita que hizo a la Gobernación del Chocó entre el 16 y el 20 de septiembre de 2019. La visita tenía el objetivo de verificar que esa entidad estuviera cumpliendo con las funciones y las competencias respecto a procesos claves para la salud pública como el financiamiento y el aseguramiento.

La Superintendencia de Salud le puso la lupa a la atención de la población más vulnerable que no estaba asegurada en Chocó. | Foto: Edwin Bejarano

En la visita, indicaron, los funcionarios de la Superintendencia de Salud abarcaron las vigencias de 2018 y 2019.

Pero lo que encontraron durante el recorrido que hicieron mostró varias fallas en la gestión de la Gobernación del Chocó. Por eso fue que la superintendencia Delegada que tenía el caso en sus manos elevó siete cargos en contra del departamento.

La salud pública de Chocó ha requerido la intervención frecuente de autoridades como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Saud. | Foto: Defensoría del Pueblo

“Al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia encontró que la entidad territorial incurrió en incumplimientos normativos, debido a que la ejecución presupuestal de gastos correspondientes a la vigencia de 2018 llegó al 39 %, los gastos de funcionamiento tuvieron una ejecución del 94 % y las acciones de salud pública del 72 %”, puntualizó la Superintendencia de Salud.

Después de que sopesaron las pruebas y los argumentos que esbozó la Gobernación de Chocó, la Superintendencia de Salud encontró que si bien el departamento contaba con la plata suficiente y disponible para efectuar los giros que le correspondían, el pago que acabó haciendo fue bajo.

De hecho, uno de los puntos que más le reprochó la Superintendencia de Salud a la Gobernación fue que estos pagos fueron especialmente bajos en el caso de la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, pues en 2018 apenas había llegado al 55,34 % de la meta.

“En lo que tiene que ver con los servicios de salud dirigidos a esta población, la SuperSalud encontró que la Gobernación del Chocó no realizó la gestión necesaria para garantizar la atención oportuna, continua e integral durante la vigencia del 2018, puesto que los contratos para garantizar la baja complejidad no fueron suscritos por la totalidad del tiempo de la vigencia, ya que se suscribieron en el segundo semestre de 2018″, apuntó el ente de control.

Entre otras cosas, la Superintendencia de Salud le reclamó a la Gobernación por el seguimiento a los indicadores de mortalidad materna. | Foto: Cortesía Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís.

Y advirtieron que durante ese mismo año la Gobernación “no soportó” la contratación de algunos servicios de salud de baja complejidad en municipios del departamento como Quibdó, Atrato, Acandí, Nuquí, Bojayá, Río Quito, Ungía, Carmen del Darién, Riosucio, Bahía Solano, Juradó, Medio San Juan, Cantón de San Pablo, Certeguí, Río Oro y Unión Panamericana.

“El último de los cargos se hizo porque la Gobernación no notificó a través del Sivigila de manera oportuna el 100 % de casos de mortalidad materna. La decisión fue confirmada en segunda instancia, por lo que ya no se podrán interponer más recursos”, puntualizó la SuperSalud.