Este sábado 1 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud aprobó la solicitud hecha por la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS) para dejar de funcionar en la ciudad de Bogotá, y en los municipios de Itagüí, y Manzanares. Como tal, en estos territorios la entidad tiene 2.436 afiliados, específicamente en Bogotá tiene 2.307, en Itagüí 116 y en Manzanares 13, tanto del régimen contributivo como subsidiario.
De acuerdo con Supersalud, estos afiliados deberá ser trasladados a EPS que operen en estos lugares y que no estén bajo ninguna medida administrativa de la entidad veedora. Bajo esta solicitud de retiro, la EPS manifestó que el bajo número de afiliados hace muy difícil consolidar el modelo de atención y las redes integrales que permitan una efectiva gestión de riesgo, decidiendo focalizarse en zonas geográficas en las que cuentan con una mayor capacidad.
De este modo, al autorizar el retiro voluntario parcial de la EPS en estos tres territorios, la Superintendencia advirtió que mientras no se realice el traslado efectivo de los usuarios, la EPS SOS deberá garantizar el acceso oportuno y efectivo en condiciones de calidad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación de los servicios de salud, así como el pago de las obligaciones con los prestadores y demás proveedores de servicios de salud.
Asimismo, esta EPS deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un cronograma no mayor a tres meses que contenga las actividades para conciliar, depurar y pagar la cartera con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS públicas y privadas, y proveedores de servicios y tecnologías en salud por las obligaciones generadas en los municipios donde ya no operará.
Otra obligación que tiene la entidad retirada es el obligatorio cumplimiento de informar a través de su página web las EPS a las cuales fueron asignados los afiliados, y a los aportantes, su obligación de cotizar a la EPS receptora y la fecha a partir de la cual deben hacerlo. Para esto último, también estará habilitado la opción 5 en la línea gratuita de atención de la Supersalud 01 8000 513 700 las 24 horas los 7 días de la semana, y en el sitio web www.minsalud.gov.co
SuperSalud les dio duras instrucciones a las EPS, ¿de qué se trata?
Tal y como lo había anunciado hace unos días el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán, durante el 29 de marzo se reunió con los representantes de algunas EPS con los quienes una nueva circular en la que impartió varias instrucciones contundentes respecto a sus labores garantizando al acceso a los servicios sanitarios en Colombia.
Al encuentro asistieron los presidentes y representantes legales de 28 entidades administradoras de recursos de la salud. Entre otras cosas, el ente de vigilancia y control les pidió que agilicen el flujo de los recursos del sector que llegan a sus manos y deben pasar a las clínicas y los hospitales para que atiendan a los pacientes de forma adecuada.
“La SuperSalud está dispuesta a hacer lo que sea para garantizar el derecho a la salud de las personas, por eso hoy expedimos esta circular para que las administradoras de recursos no sigan incumpliendo con las normas y los requerimientos exigidos”, dijo el superintendente Ulahí Beltrán.
Durante el encuentro sostuvo que son al menos cinco las instrucciones que les dieron a esas entidades para mejorar el funcionamiento del sistema de salud colombiano.
Por ejemplo, les piden que el aumento que tuvo la unidad de pago por capitación (UPC) se traduzca en un mayor flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta instrucción, sin embargo, es controvertida.
La UPC es el dinero que les da el Estado a las EPS para que garanticen el acceso a los servicios de salud de cada uno de sus afiliados. Cada año el monto que les dan debe aumentar por cuenta de la inflación y otros incrementos presupuestales que se presentan anualmente.
Pero durante el año pasado hubo una fuerte controversia, pues inicialmente el Ministerio de Salud había señalado que el aumento de la UPC sería de alrededor del 12 % para el régimen subsidiado y del 16,23 % para el contributivo.
El problema, sin embargo, era que las EPS consideraban que ese incremento no era suficiente y advertían que si se aprobaba de esa forma iba a haber una crisis en el sistema de salud. Tanto las entidades del régimen contributivo como las del subsidiado pidieron un aumento del 18 %.
Como el incremento fue del 16,23 %, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha señalado que escuchó el reclamo de las EPS y, por tanto, eso debería reflejarse en un mejor flujo de recursos dentro del sistema de salud.
Recientemente, durante un evento de la Contraloría de la República, se conoció que las EPS presentan dificultades financieras para 2023. “Con los cálculos que tenemos es que vamos a tener un cierre consolidado del sector asegurador en número rojos, serían cuatro años seguidos”, dijo Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, que agremia a las EPS que atienden a un gran número de personas del régimen contributivo.