Esta semana la Superintendencia Nacional de Salud informó que estaría presente de forma permanente en el departamento de La Guajira para revisar con lupa la situación sanitaria de su población. Los hallazgos, sin embargo, han sido preocupantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la población indígena.
Con esta visita el ente de control aseguró que llevará a cabo una jornada especial de intervención en la que adoptarán múltiples acciones “de inmediato cumplimiento” sobre los actores del sistema de salud. El objetivo es que garanticen la prestación de los servicios de salud a los pacientes de la región.
Entre otras cosas, el ente de control advirtió que llevó a cabo un diagnóstico del aseguramiento de las comunidades indígenas. Los resultados de este trabajo fueron socializados con representantes regionales de las EPS que operan en la región: Cajacopi, Anas Wayuu, Dusakawi, EPS Familiar de Colombia y AIC.
“La Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, María Isabel Ángel, reveló que en las cinco EPS auditadas se identificaron 14 de los 27 casos reportados de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años durante este año, así: 1 en AIC; 2 en EPS Familiar de Colombia; 7 en Dusakawi y 4 casos en Anas Wayuu”, puntualizó la Superintendencia de Salud en su comunicado de prensa.
Y señaló que la información también fue compartida con las autoridades locales, que también tienen el deber de garantizar que los ciudadanos accedan a los servicios de salud.
“Desde el Gobierno Nacional existe una triple preocupación por esta región del país relacionada con la mortalidad materna, la desnutrición en menores de 5 años y el uso eficiente de los recursos y las funciones del aseguramiento de las EPS. No podemos seguir permitiendo las fallas en la prestación que siguen cobrando vidas”, dijo el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.
“Lo que ocurre en La Guajira es preocupante y no puede continuar, debemos actuar de inmediato para garantizar un aseguramiento oportuno, integral y de calidad a los ciudadanos. Hoy la Supersalud está actuando de manera presencial y funcional”, agregó el alto funcionario.
La Superintendencia de Salud también comunicó que en las redes de prestación de servicios contratadas por las EPS detectó un “deficiente análisis” con relación a las capacidades que tiene para atender a los afiliados.
Esto, señaló el ente de vigilancia y control, “evidencia la falta de suficiencia e integralidad que se requiere para garantizar la oportuna atención a la población afiliada, razón por lo cual la Superintendencia urgió a los representantes de las EPS para que ejecuten las acciones necesarias que permitan mejorar los indicadores de salud que se registran”.
Problemas con el flujo de recursos
La Superintendencia de Salud señaló que, además del ejercicio de análisis, también verificó cómo estaban manejando el dinero los actores del sistema en la región y qué tan responsables estaban siendo con el pago de deudas.
Los hallazgos no fueron alentadores. Según la entidad, las EPS que operan en la región y trabajan fundamentalmente en el régimen subsidiado tenían bajos porcentajes de pago.
“En el diagnóstico realizado identificamos una concentración de contratación y pagos hacia las IPS indígenas, en detrimento de la red pública habilitada en el departamento, lo que deja en riesgo la prestación de los servicios de salud”, indicó la delegada de la Supersalud.
Entre otras cosas, reveló que hasta marzo de 2023 las deudas de las EPS con las redes de prestación de servicios sumaban más de 67.000 millones de pesos.
Estas deudas están distribuidas así: Anas Wayuu, 31.157 millones de pesos; Dusakawi, 21.689 millones de pesos; EPS Familiar de Colombia, 9.659 millones de pesos; AIC, 2.294 millones de pesos; y Cajacopi, 2.273 millones de pesos.
“En simultánea al proceso de socialización de los resultados y las alertas respectivas, se desarrollan auditorías a 5 de las EPS con presencia en el departamento”, concluyó la Superintendencia de Salud y señaló que revisará al detalle que estas entidades sigan de cerca los casos de niños con desnutrición, garanticen la entrega de medicamentos y cumplan con sus deberes financieros.