La Superintendencia Nacional de Salud impuso medidas cautelares de cesación provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida e integridad física de usuarios víctimas de accidente de tránsito y otros, en la ciudad de Pereira, a la Corporación Médica Salud para los Colombianos, sede Pinares, y a la IPS Fracturas y Fracturas SAS.
Las medidas obligan a las instituciones a realizar acciones prioritarias de carácter inmediato, con el fin de garantizar la debida prestación de los servicios, mediante la ejecución de un plan de acción, que deberá ser presentado y soportado en los próximos cinco días para aprobación ante la Supersalud.
De acuerdo con los actos administrativos que contienen las medidas cautelares, se indica que durante las auditorías realizadas el pasado mes de julio, se evidenciaron fallas que afectan la calidad de los servicios ofertados por los prestadores de salud.
El equipo auditor de la Superintendencia evidenció que las salas de cirugía de las instituciones presentan inadecuadas condiciones de infraestructura y mantenimiento; se identificaron registros de historia clínica incompletos, así como falta de clasificación y análisis de incidentes y eventos adversos tras el uso de dispositivos médicos.
Frente al material de osteosíntesis, el equipo de la Supersalud detalló que las IPS no contaban con las tarjetas de implante por triplicado que permitan verificar la trazabilidad e idoneidad de este.
Con respecto a la Corporación Médica Salud para los Colombianos, sede Pinares, se registró una falta de control de medicamentos e insumos, así como la insuficiencia de dispositivos médicos.
Al interior de una sala de cirugía, el equipo auditor evidenció unos medicamentos listos para uso, con fecha de vencimiento caducada, y en el servicio de urgencias y cirugía se observaron insumos quirúrgicos sin el cumplimiento de prácticas de esterilización.
“Así mismo, la IPS no cuenta con la incubadora desde el pasado mes de marzo, para el monitoreo de los indicadores biológicos que permiten determinar si una esterilización ha sido exitosa”, advirtió la Superintendencia Nacional de Salud.
Frente a Fracturas y Fracturas SAS se evidenció que la IPS presta el servicio de consulta prioritaria sin la correspondiente habilitación por parte de la Secretaría de Salud departamental de Risaralda.
Luego de ejecutadas las respectivas auditorías, la Supersalud les ordenó subsanar las falencias identificadas y garantizar la debida prestación de los servicios que aseguren el derecho fundamental a la salud en términos de calidad, seguridad y oportunidad.
Estas acciones hacen parte de los operativos de inspección, vigilancia y control que la Superintendencia Nacional de Salud viene realizando a la atención de víctimas de accidentes de tránsito con otras Secretarías de Salud en diferentes ciudades del país con el fin de proteger el derecho a la salud y salvaguardar los recursos públicos.
Supersalud revela alarmante situación de la salud en Tolima
Tras una reunión realizada entre la Superintendencia y ciudadanos de Ibagué, así como diferentes EPS del Tolima, se lograron evidenciar muchas falencias en el sistema de salud como el agendamiento de citas médicas, autorizaciones de tratamientos e imagenología y largas filas para la asignación con especialistas.
“No vinimos acá para salir llenos de información, estamos acá para brindarles nuestra ayuda y apoyo a los ciudadanos. Esta Superintendencia entendió que aquí no solo hacemos inspección y vigilancia, sino que también controlamos a todos los actores que no garantizan el derecho a la salud”, señaló el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán.
Adicional a esto, la entidad evidenció graves problemas de salud pública. En los primeros siete meses de este año, la Supersalud recibió 273 casos de desnutrición en menores de cinco años, frente a 355 reportados durante 2022.
Igualmente, el Superintendente también denunció otros aspectos relevantes de salud pública como la tasa de mortalidad materna que en lo corrido de este primer semestre alcanza cinco casos, aunado a que ninguna EPS cumple con los indicadores trazadores de las metas de vacunación y, finalmente, la preocupante cifra de afectación de pacientes con salud mental.
Frente al tema de reclamaciones en el departamento, entre enero de 2022 y junio de 2023, se presentaron 58.088. Si se compara el período de enero a junio de 2022 y 2023, las peticiones, quejas y reclamos muestran un incremento del 31,7 %.
La EPS Sanitas registra la mayor tasa de quejas por cada 10.000 afiliados. Por volumen de reclamaciones, Nueva EPS, Salud Total y Sanitas tienen la mayor cantidad de reclamos en el último año y medio.