La Superintendencia Nacional de la Salud confirmó en la mañana de este 1 de junio que el Hospital Universitario del Caribe fue objeto de una medida de vigilancia especial por un período de seis meses. La decisión se tomó después de un proceso de seguimiento y evaluación al que estuvo sometida la institución de salud.
El ente de vigilancia y control recordó que el 27 de julio del año pasado, al hospital le habían levantado una intervención forzosa administrativa. No obstante, en marzo de este año la superintendente delegada para prestadores de Servicios de Salud, ordenó que se practicara una auditoría integral en la institución.
El fin de la medida era verificar que se estaba mejorando la prestación de los servicios de salud, la situación fiscal y financiera y la atención de la atención ciudadano.
“Durante la acción de inspección y vigilancia de seguimiento, se realizó́ un diagnóstico de la entidad y se identificaron alertas y hallazgos que evidencian una deficiente gestión administrativa reflejada en la falta de controles que afectan la prestación del servicio de salud, así́ como deficiencias en el gobierno corporativo, y en consecuencia en la gestión institucional”, detalló la SuperSalud en su comunicado.
Entre otros hallazgos, la entidad encontró que había un riesgo operativo y de salud en el proceso de contratación de talento humano asistencial, pues no tenía la acreditación para ejercer las labores profesionales que tenía asignado.
En la institución, además, se estaría prestando el servicios de psiquiatría, pese a que no contaba con la habilitación necesaria para ello. Por eso, la SuperSalud señaló que se estaría incurriendo en una “práctica indebida” en materia de contratación, puesto que se estarían ofreciendo y suscribiendo contratos, pese a que no tenía la autorización para habilitar los servicios de psiquiatría.
“La forma de operación de los servicios a través de la contratación con terceros genera dificultades en la adherencia a procesos y procedimientos institucionales, y en el registro y análisis de la información para la toma de decisiones de la institución”, agregó la SuperSalud.
Se informó que también encontró “riesgos asistenciales” asociados a falencias en la infraestructura del servicio de urgencias y seguridad de los pacientes. Estos problemas se encontraron puntualmente en la falta de medicamentos del carro de paro y en la débil dotación de algunos equipos.
”Los estados financieros no cuentan con las revelaciones solicitadas en el marco técnico contable requerido, incorporadas a través de la resolución 414 de 2014 y sus modificatorias. Presenta déficit presupuestal respecto al recaudo, situación que afecta la cobertura de los costos y gastos de la operación, en consecuencia, se aumenta el riesgo en el equilibrio financiero de la entidad”, señaló la SuperSalud con relación a los hallazgos de carácter financiero.
Después de sopesar todos los resultados de la auditoría, la SuperSalud resolvió ordenarle al representante legal del hospital que cumpla con 12 actividades encaminadas a resolver las dificultades que está presentando el hospital.
“Para ello, el centro asistencial deberá dar cumplimiento a las sesiones ordinarias de la Junta Directiva de la ESE conforme a lo señalado en la normatividad vigente; implementar estrategias de seguridad del paciente que prevengan la ocurrencia de eventos adversos y realizar mesas de trabajo con el ente territorial para definir la oferta de servicios”, agregó el ente de vigilancia y control.
Y advirtió que, adicionalmente, el hospital tendrá que presentar un análisis mensual que evidencie la mejora en asuntos como la contratación del personal sanitario, las ventas y los costos. También deberá cumplir con la suscripción de los acuerdos de voluntades con las entidades que le deben girar recursos.
A su vez, dio a conocer que debe “presentar mensualmente el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de apoyo a la prestación de servicios, anexando cronograma, contratos y soportes de la ejecución de estos, entre otras”.
Por último, el ente de control sostuvo que removió al revisor fiscal y designó al contador público y especialista en finanzas, Alfonso Ernesto Roa Cifuentes, como contralor para que se implemente la medida preventiva de vigilancia especial adoptada.