Durante la mañana de este 8 de mayo se llevó a cabo una nueva audiencia pública sobre la reforma a la salud en las instalaciones de la Universidad Nacional. En el espacio participaron varios académicos del sector, la representante a la Cámara del Partido Verde Martha Alfonso y el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, quien hizo una férrea defensa del proyecto de ley.

Mientras explicaba los problemas que atraviesa el actual modelo de salud, Martínez hizo un comentario sobre la posición que han tenido algunos opositores a la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno nacional.

“Un director de una clínica muy importante en Cali dice por las redes sociales que qué es esa carajada de llevar servicios rurales, centros de salud a los pobres, esto se está urbanizando y progresando. Uno se sorprende de las manifestaciones clasistas y racistas permanentes cuando hablamos de las necesidades de las poblaciones dispersas y pobres del país”, aseveró Martínez.

Aunque no lo mencionó con nombre propio, recientemente el director de la Fundación Valle del Lili, Vicente Borrero, le dio una entrevista al diario El País en la cual advertía los múltiples problemas que tiene el proyecto de ley.

“Hay un fenómeno que no ha tenido en cuenta este Gobierno. El mundo se está urbanizando. El 70 % de la población colombiana vive en ciudades. Entonces eso de crear centros de salud de alguna complejidad en las zonas más apartadas no es un error, es una estupidez, porque usted puede llegar a las zonas rurales con apoyos básicos y remitir a centros urbanos. Pero ¿qué médico especializado, que se ha quemado las pestañas estudiando 14 años, se va a ir a trabajar a Puerto Merizalde? Nadie”, sostuvo Borrero durante la entrevista.

Pero el director de la Adres no estuvo de acuerdo con las afirmaciones de Borrero y, por el contrario, argumentó que el Gobierno nacional de trabajar para reducir las brechas de desigualdad que hay con respecto a la prestación de servicios de salud en Colombia.

Vicente Borrero, director de la Fundación Valle del Lili. | Foto: El País

En su intervención, el alto funcionario aseguró que las zonas rurales dispersas del país han tenido problemas históricos para acceder a la atención sanitaria.

“Obviamente, cuando uno hace la reflexión sobre esa inaccesibilidad total, se da cuenta de que la única forma de hacerles llegar esos servicios de salud era la que funcionaba antes. Es decir, que haya equipos multidisciplinarios visitando permanentemente las comunidades, porque el sistema de demanda no opera en estos territorios“, sostuvo.

De aprobarse la reforma a la salud, la Adres será el pagador único del sistema y les girará recursos directamente a las clínicas y los hospitales. | Foto: Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Y dijo que si bien las operaciones del mercado libre en materia sanitaria pueden funcionar en las ciudades, es más difícil que garanticen la salud de las comunidades en zonas rurales del país.

“Nos encontrábamos que el carné del régimen subsidiado les servía algo así como la estampita del Sagrado Corazón. Para nada, porque no podían acceder a los servicios de salud”, dijo, refiriéndose a una investigación que se había llevado a cabo en la Costa Pacífica.

Pero indicó que en las ciudades también hay brechas de inequidad. Y luego mencionó otra investigación que se realizó junto a la Universidad Nacional y señaló que había una “desproporción terrible y manifiesta” de la distribución de los servicios de salud en Bogotá.

“El negociante dice: ‘En el norte tengo más chance, de pronto consigo particulares, de pronto la prepagada’. Y todos ponen los servicios en el norte de la ciudad. Eso va configurando un sistema profundamente inequitativo”, detalló Martínez.

La reforma a la salud busca que las EPS dejen de administrar el riesgo financiero dentro del sistema. | Foto: Gestarsalud

Y señaló que los hospitales públicos en las regiones han enfrentado múltiples crisis que han obstaculizado la posibilidad de prestarles servicios de salud a los pacientes y han puesto en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud.