Este 24 de diciembre la Defensoría del Pueblo hizo un fuerte llamado a las autoridades sanitarias para que le prestaran atención al caso de un niño venezolano de apenas dos años que necesitaba una cama en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Cúcuta.
Específicamente, la Defensoría le pidió al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta a las autoridades de salud y clínicas privadas de Norte de Santander, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que garantizaran la prestación del servicio de salud del pequeño niño.
Karin José, el nombre que dio la Defensoría, necesitaba con urgencia ingresar a una UCI y la entidad reportó que si bien su delegada para el sector salud se había comunicado directamente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) y con las directivas del hospital, no le habían dado una respuesta positiva.
“En estos momentos corre alto riesgo la vida del niño a pesar de que sus derechos deben prevalecer, de acuerdo con el artículo 44 la Constitución”, anotó la Defensoría a través de su cuenta oficial de Twitter y prefirió no referirse a la condición médica específica del menor.
El artículo de la Constitución al que se refería el ente advierte que “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”, reza la Carta Magna de Colombia.
La Defensoría también subrayó que el derecho a la salud debe prevalecer por encima de otras condiciones. Según señalaron, las redes prestadoras de servicios de salud privadas y públicas deben garantizar los derechos fundamentales de los pacientes sin reparar en la afiliación, la condición migratoria o la situación económica de las personas, más aún cuando se trata de niños en su primera infancia.
Pues bien, menos de 24 horas después del llamado de la Defensoría, el niño Karin José pudo ser atendido.
“Gracias a la intervención de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, el niño Karin José, de 2 años, #AEstaHora es ingresado a la UCI pediátrica y con ello, restablecidos sus derechos”, indicó este 25 de diciembre la Defensoría del Pueblo también a través de Twitter.
La entidad les hizo un jalón de orejas tanto a los administradores como a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para que garanticen el acceso y el respeto a los derecho fundamentales de todas las personas que requieren de su atención.
“Poner en riesgo la vida de un bebé por cuenta de obstáculos administrativos no se compadece con un Estado Social de Derecho, que se edifica bajo la garantía y protección de los derechos humanos”, concluyó la Defensoría.
Subieron las tutelas por vulneraciones al derecho a la salud
A comienzos de diciembre de este año, la Defensoría del Pueblo publicó los datos que ha manejado sobre las tutelas que han recibido los jueces por dificultades de los ciudadanos para acceder al derecho a la salud.
De acuerdo con las cifras compartidas por la entidad, solo en los primeros 9 meses de este año el número de recursos superó el registro total del año pasado.
La Defensoría indicó que solo entre enero y septiembre de 2022 se presentaron 109.825 tutelas que invocaron el derecho a la salud, es decir, 12.203 tutelas mensuales en promedio, superior en 58,31 % a las 7.708 tutelas que en promedio se presentaron en 2021, año en el cual la cifra total de tutelas en salud llegó a 92.499 acciones.