Este miércoles José Miguel Vivanco, Guillermo Rivera, Clara López, Marta Lucía Ramírez y Rafael Pardo, debatieron con María Jimena Duzán acerca del informe presentado por la ONG y que involucra a altos mandos militares. Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América Latina, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales implica a las siete divisiones del Ejército entre 2002 al 2008. “No hay un ejemplo más escalofriante de desprecio por la vida y dignidad humana en el mundo, como el que se vivió en las Fuerzas Militares”. Según el consejero Presidencial por los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, al Presidente se le ha reconocido que, desde que se desempeñó como ministro de Defensa, ha permitido el concurso de la Fiscalía para investigar estos hechos graves. “Los generales que menciona el informe, tienen presunción de inocencia y el gobierno reclama este derecho y todas las garantías”. Desde su experiencia como ministro de Defensa, Rafael Pardo expuso que no son casos aislados los que se han registrados como ‘falsos positivos’ y que el tema de la supervisión debió generar alguna alerta. “Mi pregunta es que esto debe hacer parte de una justicia transicional en un eventual proceso de paz”. Siendo una de las primeras personas en denunciar estos actos ilegales, la exsecretaria de Gobierno y actual presidenta del Polo Democrático, Clara López, recordó que uno de los primeros casos fue el de los jóvenes de Soacha, que a tan sólo 16 horas de haber desaparecido fueron encontrados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. “En un momento llegaron a contar 32 casos en aumento, que no cupieron en el cementerio de Ocaña y que tuvieron que alquilar una finca destinada para enterrar a estos jóvenes”. Finalmente, la exministra y excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, afirmó que este tema hay que tratarlo con serenidad, ya que aparentemente no hay investigaciones en contra del comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército. “Realmente el tema es que haya una decisión judicial que califique como falsos positivos y de ahí mirar en el mando quien tiene la responsabilidad, ya sea militar o civil”.