El sábado 23 de noviembre de 2019, en medio de una protesta pacífica en el marco del paro nacional, el joven Dilan Cruz fue herido con el impacto de un proyectil en su cabeza. El disparo lo hizo un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Dos días después, el joven de 18 años falleció en el Hospital San Ignacio de Bogotá.
El pasado 24 de agosto, en la ciudad de Cartagena, Harold Morales, un joven deportista de 17 años, falleció en extrañas circunstancias por un disparo de la Policía y hoy sus padres exigen que se haga justicia frente al caso de su hijo. Ayer, 8 de septiembre, en el barrio Villa Luz en la ciudad de Bogotá, el abogado Javier Humberto Ordóñez, de 46 años, fue agredido por dos uniformados, los cuales le realizaron nueves descargas eléctricas en su cuerpo y horas después falleció. ¿Son casos aislados o una arbitrariedad sistemática por parte de la Policía?
Ariel Ávila, director del programa "El Poder", conversó con el analista político César Caballero y con el representante a la Cámara Inti Asprilla, del Partido Verde. En la entrevista de este miércoles les preguntó si los hechos que estaban ocurriendo con la Policía eran una doctrina o casos aislados. En esta oportunidad, César Caballero indicó que “los colombianos llevan seis meses en confinamiento, donde las restricciones hacia los ciudadanos se han visto seriamente afectadas, donde hay más abusos por parte de las autoridades, simplemente porque a la Policía la han puesto no a perseguir delincuentes y a defender a los ciudadanos, sino a controlar a los ciudadanos de una manera más radical”.
Así mismo, para el director de Cifras y Conceptos, en este momento Colombia tiene un Gobierno “que ha negado el cumplimiento de los derechos humanos, que ha venido estigmatizando la protesta social, a la prensa independiente y a los opositores”. De igual forma, señaló que “entre el Gobierno nacional y la Alcaldía facilitaron para que la Policía tuviera una interacción con los ciudadanos en donde sus derechos son restringidos”.
Para el representante a la Cámara, los hechos que están ocurriendo “son un cúmulo de circunstancias, porque los ciudadanos vienen evidenciado un exceso de fuerza por parte de la Policía en medio la pandemia”, y a su vez que han visto “un endurecimiento del Código de la Policía que ha promovido el abuso policial”, que, según Asprilla, se ha dado porque la Policía viene de una escuela de adoctrinamiento, amigo y enemigo.
De esta manera, afirma que “se debe cambiar la formación de las Fuerzas Militares y del sistema disciplinario”, porque con los últimos hechos se ha evidenciado una impunidad, la cual ha generado mucha indignación y dolor entre los ciudadanos de a pie. ¿Qué se debe hacer en el corto plazo? Para Inti Asprilla, el actor que tiene poder de mando sobre la Policía en este momento es el Congreso de la República, pero —para él— “el Gobierno nacional tiene que implementar de inmediato mecanismos que luchen contra el abuso por parte de la Policía”. Así mismo, el representante señaló que “hay indicios de que Javier Ordóñez fue golpeado en el CAI”, sitios que “se han convertido en un lugar donde los policías en algunas ocasiones se han excedido en la fuerza”. Según el representante, “para evitar esto se debe instalar un sistema de videovigilancia al interior de las estaciones de Policía y a su vez se debe implementar un cátedra del uso proporcional de la fuerza y del respeto a los derechos humanos, reforzando así el sistema disciplinario de la Policía”. Con esto se prohibiría “el estrangulamiento a personas desarmadas, los golpes con el bastón a los ciudadanos desarmados y, a su vez, que se pueda regular el uso del táser”, porque simplemente los policías están pasando por encima de la ciudadanía.
¿Qué pueden hacer los alcaldes? ¿Qué medidas se pueden implementar desde el punto de vista de las administraciones locales? Para César Caballero, director de Cifras y Conceptos, “en el caso de Bogotá hay una Secretaría de Seguridad que tiene buenos sistemas de información”, pero la alcaldesa “tiene que entender el contexto que estamos viviendo; es decir, una pandemia, donde las autoridades se han excedido en sus funciones”, ya que la Policía se siente con el respaldo de pasar por encima de los derechos de los bogotanos. De igual manera, indicó que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, tiene que “garantizar el respeto de los ciudadanos si salen a la calle”, ya que seguirán haciéndolo por los últimos hechos que han estremecido al país. Por último, para Caballero una solución a estos enfrentamientos es que salgan más “funcionarios de la administración a acompañar las marchas que se realizarán en las próximas semanas”.