Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, anunció que presentará en la próxima legislatura —el 20 de julio— una nueva propuesta para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sería el tercer intento que haría el partido de Gobierno.
Según la senadora Valencia, en entrevista con revista SEMANA, la idea es “una sala especial con magistrados que tengan un régimen de inhabilidades que impida que quienes han litigado contra nuestras fuerzas, sean jueces; que quienes hayan asesorado a las Farc, sean jueces. Segundo, que exista allí un conocimiento profundo del DIH y la libertad condicional pasados los cinco años de pena pagada que permita libertades provisionales. También se incluyen temas referentes a los procedimientos que están en los proyectos que hemos radicado dos veces”.
Lo que se buscaría en el fondo es una sala especial para militares, algo así como una JEP para las Farc y otra paras las Fuerzas Militares. Una vez hecha la propuesta, nuevamente el debate comenzó. Para un sector político, la propuesta sería algo así como la precampaña presidencial de la senadora Paloma Valencia; para otro sector esto sería un gran problema para el Gobierno, pues es desviar el debate, polarizar la agenda del Gobierno e impedir que proyectos neurálgicos se voten en la próxima legislatura. Para otros, es un tema de coherencia política, pues fue una promesa del partido desde la campaña de 2018. Pero también hay quienes dicen que detrás de ello habría otros objetivos no puestos sobre la mesa. ‘El Poder‘, con Ariel Ávila, hace un balance sobre las actuaciones de la JEP e intenta ir a fondo para determinar qué hay detrás de este nuevo intento de reforma. Actualmente, miles de guerrilleros se han acogido a la JEP, al igual que miles de militares. Muchos de ellos han comenzado a revelar situaciones increíbles como en el tema de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Se ha avanzado en varios macrocasos, es decir, ya se ha adelantado mucho.
Igualmente, la propia JEP dio a conocer el pasado 29 de mayo un comunicado de la fiscal de la Corte Penal Internacional, en el que se lee que: “Quisiera hacer hincapié en que hemos trabajado codo a codo con la Jurisdicción Especial para la Paz. Apoyamos los esfuerzos de esa Jurisdicción y estamos tratando de asegurarnos de que haya una rendición de cuentas adecuada para aquellos que asumen la máxima responsabilidad, incluyendo los comandantes (de las Farc) y los altos representantes del sector castrense, incluyendo quienes cometieron falsos positivos. También seguimos muy de cerca los crímenes actuales, incluyendo los perpetrados contra activistas de derechos humanos y líderes sociales”. En el programa estuvo Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador por parte del Estado colombiano en la negociación con las Farc, y también Ángela María Robledo. Ambos afirmaron que la Jurisdicción Especial para la Paz busca revisar judicialmente la responsabilidad de las Farc y de algunos miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, critican la propuesta del Centro Democrático y de la senadora Paloma Valencia, pues consideran que es contradictoria, ya que golpea fuertemente el corazón de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad.