En los municipios de frontera con Venezuela han sido asesinadas 4.911 personas entre 2012 y 2019, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. De 2017 a 2019, son 378 migrantes venezolanos las víctimas de homicidio. Con el cierre de la frontera, la violencia se recrudeció y las situaciones de riesgo aumentaron tanto para la población migrante como para la colombiana. Pero el drama principal se está dando en Norte de Santander específicamente en el área metropolitana de Cúcuta, donde el cuerpo humano perdió valor y las desapariciones, los desmembramientos y las decapitaciones volvieron a ser una realidad en el territorio. Norte de Santander es uno de los departamentos colombianos que más sufrió este fenómeno violento cuando el dominio de la zona era paramilitar. En Juan Frío, un corregimiento del área metropolitana de Cúcuta, los paramilitares llegaron a tener incluso un horno en el que incineraron y desaparecieron los cuerpos, según versiones de los desmovilizados, de unas 600 víctimas. Después de la desmovilización de las AUC, los habitantes de la región difícilmente pensaron que estos episodios de barbarie volverían repetirse, pero más menos desde 2015, el horror se apoderó una vez más de la frontera y hoy no está claro de quién es el dominio criminal. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar con —sede en Cúcuta—, llama “anarquía criminal” a la disputa y el ambiente ilegal que hoy somete a la frontera: “Hemos podido determinar que a lo largo de la frontera nuestra hay 12 estructuras, grandes estructuras armadas ilegales que se disputan en algunos momentos franjas de la frontera [...] La disidencia de las Farc, el EPL, el Ejército de Liberación Nacional, grupos como las autodefensas gaitanistas y los Rastrojos en Puerto Santander, bandas locales como la Línea, debilitada en Ureña, los canelones, el clan del Golfo, los urabeños, los cebolleros y la Frontera, estos son los que más o menos recogen lo más representativo de actores ilegales en la región”.
Lo que se disputan los grupos criminales en la frontera son las rentas y, sobre todo, el control de los pasos de las economías ilegales: narcotráfico, contrabando —especialmente de gasolina— y el tráfico de armas y de personas. Y esta disputa se traduce en enfrentamientos armados. A finales de 2018, periodistas del diario La Opinión contabilizaron 35 tiroteos en inmediaciones del puente fronterizo Simón Bolívar, el cual une al municipio de Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela). Estos pasos ilegales de un país a otro se conocen como trochas y están bajo el control de las estructuras armadas ilegales, que actúan como paraestados y regulan el tránsito ilegal de personas y de comercio. No hay autoridad, ni colombiana ni venezolana, en estos sectores. Así que las norma ilegal es la ley, y el terror es el castigo. La gente que transita por estas trochas se ve obligada a pagar una extorsión y quien desobedezca, o no tenga plata para pagar, puede ser víctima de muerte o desaparición forzada. Según datos de medicina legal, en los últimos tres años, el área metropolitana de Cúcuta registró un promedio de 200 desapariciones por año. No aclaran si forzadas o no, pero ‘El Poder‘ tuvo acceso a la base de datos de la entidad y, según las denuncias por cada caso, la mayoría de las desapariciones fue de tipo violento.