Un proceso de desalojo inició el pasado 2 de mayo en un sector de Altos de la Estancia, un barrio periférico y vulnerable de Bogotá, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades repiten “Quédate en casa”, “aislamiento preventivo obligatorio”, “cuarentena”, pero muchas de estas familias hoy están en la calle: ¿cómo quedarse en casa cuando se termina expulsado de ella?
Según versión oficial, el procedimiento se hizo por el riesgo de deslizamiento que presenta el terreno en el que se levantó el asentamiento de viviendas. El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, dijo que la invasión se dio hace poco, que los “tierreros” (que es como se llama a quienes se dedican a estafar, loteando y vendiendo terrenos de los cuales no son dueños, sobre todo en barrios vulnerables) aprovecharon la emergencia para lotear y empezar a vender.
Foto: Andrea Aldana - El Poder Sin embargo, algunos habitantes afirman que el asentamiento lleva años y que no entienden por qué, justo ahora, en época de pandemia y emergencia sanitaria, deciden sacarlos. Y entre las dos versiones un hecho comprobable: casi 70 familias fueron desalojadas de sus viviendas en medio de una crisis que obliga al encierro bajo un techo. No todos fueron reubicados y algunos de los más vulnerables, en lugar de ayudas humanitarias, recibieron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Y en medio de las denuncias de la comunidad por el uso excesivo de la fuerza y el abuso de autoridad que aparentemente cometió la Policía, los habitantes empezaron a referenciar un nombre: “Indira”, una mujer que, sin identificación alguna y escoltada por la Policía, iba de casa en casa, encapuchada, sentenciando los desalojos.
Foto: Andrea Aldana - El Poder Los desalojos presentaron irregularidades: un menor de edad resultó con una lesión severa, un trauma craneoencefálico y perdió parte del cráneo por causa de lo que parece el disparo de un artefacto del Esmad, y un bebé murió por un paro cardiorrespiratorio que, se presume, lo habría ocasionado el efecto de los gases lacrimógenos. Funcionarios de la Dijin vestidos de civil tomaron fotos a los habitantes del territorio. Y el proceso de desalojo en sí dirigido por una funcionaria encapuchada: Indira Caicedo. El alcalde local de Ciudad Bolívar, Jaime Flórez, dijo que la funcionaria se encapucha porque está amenazada. Pero es inconcebible que quien desempeña una función pública y legal lo haga recurriendo a métodos clandestinos.
Altos de la Estancia es una zona alto riesgo por deslizamiento y movimientos de tierra y no puede ser habitada. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), son 72 hectáreas de tierra las que se han venido moviendo desde 1997 y ya presentaron emergencias y afectaron a la población. Y el problema de las invasiones no es nuevo y no es fácil de resolver para las administraciones. Hugo Acero, secretario de Seguridad del Distrito, afirma que detrás de ello hay estructuras criminales que llevan años aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas y que, además, los criminales hacen uso de las invasiones para negocios de microtráfico.
Foto: Andrea Aldana - El Poder El terreno no es demográficamente seguro, ese es el fondo, pero son las formas como se ha hecho el desalojo lo cuestionable. Algunos habitantes denunciaron que destruyeron sus casas mientras sacaron de ellas a los menores de edad con engaños, ofreciéndoles comida. Como el caso de David Fernando Valencia, un desplazado de la violencia, con cuatro hijos, uno recién nacido y, hoy, sin lugar dónde vivir. “Se llevaron los niños con el pretexto de que iban a comer, pero era para esto”, dice Valencia mientras señala lo que son los restos de un hogar: algunos platos, un colchón sobre la tierra, un par de tablones de madera y latas de zinc desperdigadas sobre el suelo.
Foto: Andrea Aldana - El Poder La administración informa que 50 hogares ya fueron vinculados en programas de la Secretaría de Integración Social en la localidad y se entregaron bonos de alimento a 46 familias. Pero los habitantes reclaman que son más de 300 las familias afectadas y que la mayoría hoy no tienen un techo bajo el cual dormir. Bajo este panorama, los desalojos continúan. Y El Poder visitó el territorio y constató algunas denuncias.