Luego de los recientes escándalos que han envuelto a las Fuerzas Militares, los cuales incluyen, temas de interceptaciones ilegales, perfilamientos a políticos y periodistas, presuntos casos de corrupción y ahora, graves denuncias de violencia sexual, se ha abierto el debate sobre la necesidad de una reforma a las Fuerzas Militares. Como era de esperarse, la polémica es intensa.
Todos estos escándalos han llevado a que analistas, expertos y en general la opinión política se divida en tres bloques de interpretaciones. Un primer bloque manifiesta que muchos de estos comportamientos no son nuevos, la diferencia es que, desde el año 2016 no hay conflicto armado, por ende, ahora todo es más visible. Antes de la dejación de armas de las FARC, a los militares se les perdonaba todo, con la idea de que había una guerra contra las FARC. Ahora, sin conflicto, esos abusos ya no se perdonan. Este grupo de personas pide una reforma profunda a las fuerzas militares.
Un segundo bloque se concentra en el papel de la justicia. Se refieren a que, en el marco del conflicto armado y de la violencia que ha azotado al país, la violencia sexual fue un instrumento de guerra, donde el cuerpo de la mujer fue un campo de batalla. Manifiestan que, en estos casos de violencia sexual existe una gran impunidad y el país se impresionará cuando “abra la ventana”. Dicen que el problema no es de penas sino de impunidad y allí deben concentrarse los esfuerzos. Un tercer sector político habla de que estas situaciones son temas aislados o de “manzanas podridas”, pero que no comprometen la institución. Además, argumentan que existe una persecución hacia las Fuerzas Militares y que se quiere destruir la institucionalidad de la seguridad. Hacen un llamado a respaldar el aparato militar.
Lo cierto es que todos estos hechos llegan en un momento de deterioro de la seguridad del país, el avance de la justicia transicional, la presión internacional por reducir la impunidad en estos casos y la aprobación, hace unos días, de la cadena perpetua para violadores. El director del programa El Poder, Ariel Ávila, hace un análisis de los hechos y propuestas y habló con la representante a la Cámara Angela María Robledo y el senador Antonio Sanguino. Para Ángela María Robledo, en materia de violencia sexual “no es solo una situación del gobierno de Iván Duque”, ella cree que es un tema de varios gobiernos. Además, manifiesta que, “en la guerra se exacerba el patriarcado que jerarquiza, que divide y que subordina” y donde “está guerra ha hecho que algunas personas consideren que algunas vidas no cuentan como tal”. Propone una reforma profunda al aparato militar, pero de forma inmediata pide que, “lo que hay es que cumplir la ley y exigirle al fiscal Barbosa que aplica la ley 1719 que no la está aplicando”.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino manifiesta que “hay un patrón de conducta en el caso del Guaviare como en el caso de Risaralda, las víctimas son menores de edad, pertenecientes a comunidades indígenas, son las más vulnerables”. Además, afirma que, “las responsabilidades no solo recaen en los soldados, sino también en sus mandos”. También afirma que, “hay una actitud hipócrita del gobierno y del partido de gobierno. Cuando se trata de miembros de las fuerzas militares, el gobierno y el partido de gobierno, guardan un silencio cómplice”. Pide una reforma en temas del servicio militar obligatorio, en temas de doctrina y manuales de instrucción.