La investigación encontró 313 contratos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia, que suman miles de millones de pesos, en los cuales habría presuntas irregularidades. Para cada una de las Alcaldías y Gobernaciones se consultó la contratación publicada en las páginas de Colombia Compra Eficiente, se indagó por los contratistas en el Rues y en Sigep y se contrastó con el aplicativo Cuentas Claras para determinar si habían sido o no donantes de campaña. Adicionalmente, se indagó por posibles relaciones políticas entre los contratistas y los funcionarios que los seleccionaron. En algunos de los casos que se presentan en detalle y son varios los contratos que incurren en dos o más de las presuntas irregularidades.

La investigación encontró seis tipos de categorías de presuntas irregularidades. La primera, y tal vez la más común, es la de presuntos sobrecostos en los kits de alimentos o mercados y kits de salud que fueron contratados por entes territoriales. Latas de atún, libras de café, libras de azúcar con presuntos sobrecostos que van del 15 % hasta el 50 %. En total, miles de millones de pesos comprometidos en los posible sobrecostos. Dentro de este grupo de contratos también se encontraron presuntas dobles contabilidades, es decir, se contratan kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Lo complicado del asunto es que se dice que esos productos son para agregar a los kits.

Uno de los casos más graves, según el estudio, se habría presentado en el departamento del Cesar. Dados los montos comprometidos y los presuntos sobrecostos en los que incurrirían los contratos, sería de miles de millones de pesos. De dos mil en dos mil pesos se podrían perder miles de millones de pesos alrededor del país. Lo más común en estos contratos es la falta de transparencia y publicidad. Para la mayoría no se encontraron estudios previos publicados en las plataformas destinadas para ello y, en los que se encontraron, generalmente los contratistas eran únicos proponentes. Un segundo grupo de cuestionamientos es que se contrata con ONG y entidades privadas cuya actividad comercial no tiene ninguna relación con el servicio contratado. Algunos de los ejemplos incluyen un contrato para prestar servicios de salud cuyo contratista es una ONG que se dedica a la formación en comunidades indígenas y actividades de agricultura, y un contrato para el transporte de muestras para detección de covid-19 entregado al propietario de un bar, cuya principal actividad comercial es justamente el expendio de bebidas embriagantes.

Al igual que en los contratos con sobrecostos, en la mayoría de los procesos contractuales en los que el contratista no demuestra idoneidad no se encontraron publicados estudios previos y el detalle de los contratos no permite conocer las condiciones en que se deben prestar los servicios, aumentando el riesgo de corrupción. En tercer lugar, según la investigación, la declaración de emergencia habría sido utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas o contratar terceros “amigos”; es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales. Igualmente, en muchos casos no se encontraron los estudios previos publicados. Hay situaciones ilegales y otras, aunque no lo son, tendrían fuertes cuestionamientos éticos. Entre los ejemplos se encuentran contratos con donantes de campaña, familiares de los líderes de clanes a los que pertenecen las autoridades de los entes territoriales, entre otros. En un cuarto grupo se incluyeron los contratos que a pesar de estar justificados en la pandemia no tienen ninguna relación con esta. Entre estos se encontró, por ejemplo, la compra de radios portátiles para la contención de la pandemia, sin mayores detalles adicionales sobre su uso o pertinencia, así como diversos contratos de prestación de servicios para el apoyo a dependencias de los entes territoriales que no tienen funciones claras en la atención de la crisis y que incluso se encontrarían en su mayoría sin operar dado el aislamiento obligatorio.

En quinto lugar, fue recurrente encontrar violaciones al principio de publicidad. Fueron muchos los procesos en los que no se encontraron publicados los contratos o los mencionados estudios previos. De otro lado, fue recurrente encontrar contratos para la provisión de kits alimenticios y de aseo en los que no se detallan los productos contenidos en los kits, las cantidades o los precios unitarios, por lo que no es posible realizar un análisis de posibles sobrecostos. Por último, se incluyó una categoría denominada ‘otros‘, que incluyen conjuntos de contratos con el mismo objeto contractual, inconveniencia para la celebración de contratos y lugares de ejecución del contrato por fuera del ente territorial que contrata. Cuestionamiento Número de contratos Actividad comercial del contratista no relacionada con el servicio contratado 12 Violación al principio de publicidad 54 Sin relación con covid-19 6 Mediado por influencias 61 Sobrecostos 123 Otros 50 Total general 306