“Esto ya se tipifica como la articulación de un nuevo genocidio contra los firmantes de la paz”, dice Pastor Alape, delegado del partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en referencia a los 218 asesinatos a excombatientes que se han registrado después de la firma del Acuerdo de Paz. Alape advirtió en SEMANA en Vivo que en medio de la pandemia por coronavirus han sido asesinados 18 de ellos.
En su más reciente informe, la Misión de Verificación de la ONU advirtió sobre los asesinatos de líderes y excombatientes en la pandemia. "Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema", se lee en el documento. Alape, del partido Farc, asegura que estos asesinatos muestran que el Estado “no ha tenido la capacidad de garantizar su protección”. Muestra de ello, además, es el éxodo de 93 personas, entre excombatientes y sus familiares, desde Ituango hasta Mutatá, en Antioquia. Se está trasladando todo un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, por serios problemas de seguridad; de hecho, han sido asesinados 12 excombatientes que pertenecían a este espacio.
Al respecto, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, explicó en SEMANA en Vivo que el Gobierno está dando la seguridad necesaria en el ETCR. “Al interior de ese espacio territorial no ha habido secuestros ni afectaciones, los tristes —porque deberían ser cero— homicidios se han presentado por fuera, en condiciones de inseguridad que son generales al resto de la población, porque ahí confluyen tres grupos de narcotraficantes que están queriendo quedarse con ese corredor”, aseguró Archila. Sin embargo, Pastor Alape le pidió “no maquillar acciones al Gobierno”, porque aseguró que el primer asesinato en Ituango en 2018 se dio dentro del ETCR. Según la lista de asesinatos que tiene el partido Farc, este ocurrió el 2 de junio de 2018 en la vereda Santa Lucía —donde quedaba el espacio territorial hasta hace unas horas— y la víctima fue Frady Estíber Chica Chica. “La construcción de paz implica hablarnos con realidad”, agregó Alape.
Para el exministro Juan Fernando Cristo, tanto los asesinatos a excombatientes como el traslado de todo un ETCR por seguridad “simboliza las fallas estructurales que está teniendo el proceso de implementación del Acuerdo de Paz por parte del presidente Duque”. Cristo recalcó que hace falta voluntad política del Gobierno, porque hay “muchos allí que deberían estar involucrados, pero le tienen pereza —por decirlo suave— al Acuerdo”. Dentro de esas fallas, como las llama, Cristo asegura que la administración Duque no está utilizando los “instrumentos” contemplados en el Acuerdo, como la Comisión de Protección de Garantías, el diálogo con la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos, para evitar hechos tan preocupantes como los asesinatos de líderes sociales y a excombatientes. El consejero Archila hizo hincapié en que los procesos demorarán, pero que el Estado no desistirá. "El proceso de reincorporación lo vamos a sacar adelante (…) vamos a seguirles garantizando un apoyo financiero al 100 por ciento, pero no podemos pretender que el Estado llegue a los territorios en tres años". En cuanto a los homicidios de excombatientes, aseguró que "quienes han pretendido decir que en esos homicidios no hay negligencia del Estado son unos mentirosos irresponsables"; de hecho, recordó que hasta el momento hay 29 condenas por los asesinatos de excombatientes, y que se están esclareciendo.