Ya pasaron los primeros 100 días desde que se destapó la ñeñepolítica, como se le ha llamado al escándalo por las interceptaciones a José ‘Neñe’ Hernández, en las que habría un presunto fraude electoral en la campaña presidencial de Iván Duque. Esto empezó a salir a la luz el 3 de marzo de 2020 mediante informes de Policía Judicial. Tanto Gonzalo Guillén, el periodista que publicó la investigación, como el abogado Miguel Ángel del Río Malo, aseguraron en SEMANA en Vivo que hay “una cacería de brujas” y un esfuerzo dentro de la Fiscalía para evitar que el resto de los audios se conozcan. Según explicó Del Río Malo, existen dos paquetes de grabaciones en el caso del Ñeñe Hernández, uno que corresponde a las fechas inmediatamente anteriores a la segunda vuelta presidencial de 2018, y otro posterior a las elecciones. Tanto el periodista como el abogado han denunciado que la Fiscalía no le habría entregado a la Corte Suprema los audios “más importantes”, los que van del 24 de mayo de 2018 al 19 de noviembre de 2018. Es decir, los que abarcan el tiempo de la segunda vuelta presidencial.
“La Fiscalía no le va a entregar los audios a Del Río y mucho menos a la Corte Suprema. Ya le metieron miedo a todo el mundo. Si meten presos a dos policías que investigaron —que antes iban a condecorar—, entonces ya el mensaje es muy claro: el que investigue la ñeñepolítica o este tipo de delitos que toquen a tipos como Duque ya sabe lo que le va a pasar”, explicó Guillén, quien ve una paradoja, porque considera que "todos los que investiguen la ñeñepolítica van a terminar presos".
El periodista se refiere al mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, dos policías de la Dijín que grabaron los audios de la ñeñepolítica y que después fueron capturados por presuntamente haber interceptado de manera ilegal las líneas telefónicas de compañeros de la institución. Sin embargo, el abogado Del Río, defensa de los dos policías, ha advertido que se trata de una forma de contaminar el material probatorio de la ñeñepolítica. “Está claro que las líneas que ellos interceptaron además del Ñeñe Hernández fueron suministradas por la fuente, están tapando la prueba original”, aseguró. "Están buscando enterrar desde el nacimiento la ñeñepolítica, para que no les pase lo que les pasó con el proceso 8.000", dijo Guillén. Además, en SEMANA en Vivo el abogado Del Río denunció que se estaría preparando contra él un caso falso. “Seguramente van a sacar un video inculpándome (...) pero vamos a sacar esos audios, sea como sea”, dijo. Del Río llegó hasta la denuncia de lo que hoy se conoce como ñeñepolítica a raíz de la investigación del homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez en 2011, a quien confundieron con su padre Carlos Rodríguez, el verdadero blanco, y a quien el Ñeñe habría mandado a matar por una deuda de 1.000 millones de pesos. En el marco de ese proceso Del Río ha exigido a la Fiscalía que se entregue la totalidad de las grabaciones, pero esta petición siempre le había sido negada alegando que estos no tenían relevancia en ese proceso penal del homicidio de Óscar; sin embargo, Del Río aseguró que sí la tienen: “Esos audios probaban que mi proceso penal no se habían movido (durante 8 años) por las influencias del Ñeñe Hernández en el alto Gobierno y la Fiscalía”. Del Río logró que un juez de conocimiento diera la orden a la Fiscalía para que entregara el paquete de grabaciones que falta y que, por tanto, pronto los conocerá. Sin embargo, el periodista Gonzalo Guillén considera que los audios los han “manipulado” y que incluso ya no existen.
“Yo creo que no (los van a entregar). Los audios ya no existen, ya los debieron destruir, porque es una prelación absoluta a que eso no se conozca; de hecho, ya llevábamos un año con eso desaparecido y aún así no se conoce más de lo que algunos periodistas hemos publicado y hemos averiguado por nuestra cuenta. Van a tener una tormenta informativa, pero van a salir libres todos los que están metidos en ese fraude”, aseguró Guillén. La Fiscalía General asegura que no tuvo conocimiento previo de los audios que fueron revelados por los medios de comunicación porque estos “siempre permanecieron en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijín)”. Por su parte, el fiscal general ha dicho que no se declarará impedido en el caso de la ñeñepolítica porque la investigan fiscales autónomos.