Luego de que el expresidente Álvaro Uribe renunciara al Senado y pidiera que su investigación por falsos testigos pase a manos de la justicia ordinaria, el exmandatario pidió hacer lo mismo frente a cuatro procesos relacionados con el conflicto armado. Se trata de los expedientes de las masacres de El Aro, la Granja y San Roque, y del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. En entrevista con Semana en Vivo el exfiscal general Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo hablaron sobre la denuncia penal que radicaron este martes contra el expresidente Uribe, precisamente, por su presunta participación, por omisión, en los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja, en 1996 y 1997.
Montealegre contó que en los últimos 20 años la justicia ha tratado de establecer “si Uribe colaboró activamente con las autodefensas para estas masacres, si facilitó o hubo acuerdo con paramilitares”, pero estudiando el caso junto a Perdomo llegó a la conclusión de que “ahí había un enfoque equivocado”. “Por ese camino las investigaciones no iban a llegar a ningún lado”, por lo que había que darle un nuevo enfoque. Fue entonces cuando Montealegre indagó sobre la “responsabilidad por omisión” pues el expresidente Uribe, entonces gobernador, “era garante de protección de la población civil”. “Encontramos que en estas masacres hay un paralelo con una estructura de imputación que reconoció en el 2001 la Corte Constitucional en el caso de la masacre de Mapiripán, que representó un giro importante en materia de derechos humanos en Colombia”, comentó sobre su investigación junto al ex vicefiscal Perdomo. Según recordó, en el caso de Mapiripán el alto tribunal dijo que, si un miembro de la fuerza pública tenía el deber de protección de la población civil y no evitaba las masacres de los paramilitares, “todos los hechos cometidos por el paramilitarismo se le imputaban al general Uscátegui, quien finalmente fue condenado a 37 años de prisión”. A juicio de Montealegre la sentencia es “muy valiosa porque la Corte Constitucional por primera vez dijo que no interesaba establecer un vínculo activo entre el general y las autodefensas, si les dio armas o abrió rutas”, pues el solo hecho de que él tuviera dentro de sus competencias el deber de protección de la población civil y no actuó para evitar la masacre, pudiendo hacerlo, “la Corte dijo que se le imputaban todos los delitos de lesa humanidad”. El fallo, en efecto, fue ratificado posteriormente por la Corte Suprema, lo que marcó un hito jurisprudencial al consagrar esa estructura de imputación. Montealegre explicó que esta aplica al caso del expresidente Uribe pues “era gobernador de Antioquia, tenía el deber de protección civil, conocía que se iba a hacer una masacre y no actuó. A Álvaro Uribe no se le debe procesar por una simple omisión o prevaricato, sino que se le pueden imputar todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en El Aro y La Granja”. Lea la historia completa aquí.