La acción de tutela nació con la Constitución de 1991, que en su artículo 86 incluyó este mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los individuos. A propósito, la Defensoría del Pueblo publicó el informe La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social, que reúne toda la información sobre esa herramienta para reclamar derechos fundamentales, durante 2019. Según dicho documento, 620 257 tutelas fueron instauradas durante el año pasado en el país, lo que, según la Defensoría, muestra un aumento de 2,1%. Esto quiere decir que “el 2019 es el año con la cifra más alta en vulneraciones a derechos fundamentales”, dice un comunicado del ente. De hecho, el informe explica que cada 11 segundos un ciudadano interpuso una tutela, sin contar días no laborales. La gran mayoría de las personas reclamaron un derecho de petición, con 255 553, que se refiere al artículo 23 de la Constitución, que les permite a los ciudadanos solicitar información a diferentes autoridades. En el segundo puesto se ubicaron los reclamos por el derecho a la salud. El informe señala que hay una “violación sistemática y reiterativa por parte de las distintas entidades” que deberían garantizar el acceso al mismo.
Exactamente, se trata de 207 368 acciones instauradas con respecto a ese derecho, representando el 33,43% del total. Esto significa que cada 34 segundos una persona interpone una acción de tutela para reclamar por su salud. “Las solicitudes de servicios de salud incluidos en el PBS presentaron un incremento del 85,32 %”, indica el informe. De hecho, según la Defensoría, todo eso evidencia que el Estado tiene una baja capacidad para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del sistema general y de los regímenes especiales. La Defensoría dice que en todas las regiones del país ocurren vulneraciones al derecho a la salud, pues en 1032 municipios de los 1122 del país, personas interpusieron tutelas por esa razón. Los municipios con más tutelas por cada 10 mil habitantes están en Santander, Antioquia y el Eje Cafetero, siendo Prado, Tolima y los municipios de Capitanejo y San José de Miranda, en donde más tutelas se interpusieron. El ente advierte en este informe que “el incumplimiento de las garantías y de la materialización efectiva y sostenible del derecho a la salud genera morbilidad, mortalidad y discapacidad, eventos que podrían ser evitables”. Por lo tanto, es necesario que exista un sistema de salud justo y centrado en los ciudadanos, así como políticas públicas que promuevan un trato digno a los pacientes, al personal de la salud y a la comunidad en general. Los derechos al debido proceso (76 447), al mínimo vital (39 284), a la ayuda humanitaria (23 154), a la seguridad social (21 887) y a la vida (15 325), fueron los otros más pedidos.