Los abogados penalistas Iván Cancino y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, hablaron en Semana Noticias sobre el decreto de excarcelación para evitar nuevos casos de covid-19, que permitirá la salida de cerca de cuatro mil presos.
Tanto para Cancino como para Bernate, el decreto expedido por el Ministerio de Justicia se quedó corto porque, posiblemente, ni siquiera cobijará ese número de presos, considerando las 70 excepciones que contempla.
“Hay momentos en la historia que requieren pasos de gigante”, dijo Cancino, quien expresó más de una vez que están absolutamente convencidos de que el decreto no servirá lo suficiente. Para el penalista Bernate, a pesar de que el Gobierno tardó tres semanas en expedir el documento, se trata de un paso muy pequeño. Desde su punto de vista, personas que cometieron delitos como el de las multas, lesiones personales o robos menores, deberían poder salir porque no representan “peligro alguno” para la sociedad. “Grandes decisiones son para grandes hombres, y algunas se deben tomar sin pensar en la popularidad ni cálculos políticos”, aseveró.
De hecho, ambos abogados criticaron al fiscal Francisco Barbosa por las excepciones que promovió. Según Bernate, fue esta la visión que más importancia tuvo para el Ministerio de Justicia: “Si algo quedó claro es que solo se escuchó la voz del fiscal y no la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni de Human Rights Watch”. Frente a la preocupación de la ciudadanía y el Estado sobre enviar a prisión domiciliaria a más personas que permanecen recluidas, Bernate considera que está comprobado que, en más del 99% de los casos, estas regresarán a la cárcel una vez pase la emergencia. Asimismo, dijo que la gran mayoría de los delincuentes de Colombia no están en la cárcel porque en este país la impunidad es demasiado alta. Cabe recordar que Margarita Cabello, ministra, aseguró que vendrán nuevos decretos. Para Iván Cancino esto es necesario: “esperamos que el segundo decreto sí sea con pasos de gigante y no una gótica de agua para la alta fiebre que hay en las cárceles”, dijo. “El condenado también es un ser humano, tiene derecho a la salud, a vivir”, expresó el abogado, cuya opinión respaldó Bernate: “Estamos hablando de vidas, de seres humanos, esto no es un espacio para hacer experimentos ni quedarnos en leguleyadas”. Finalmente, para ambos, es el Estado el encargado de garantizarles a quienes saldrán a prisión domiciliaria, un mínimo para vivir. Hasta el momento, se han registrado quince contagios en la cárcel de Villavicencio, de los cuales doce son reclusos, dos dragoneantes y uno del personal administrativo. Sumado a eso, está la muerte de dos personas de la cárcel de esa ciudad.