Luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara el traslado del expediente de Álvaro Uribe a la Fiscalía General de la Nación tras la renuncia del expresidente a su cargo como senador, la entidad ha tomado algunas determinaciones como la negación de la solicitud de libertad que interpuso el abogado de la defensa, Jaime Granados, así como el dejar el proceso a través de la llamada Ley 906.
Frente a la pregunta de qué posibilidades tiene Uribe de revocar su medida de aseguramiento, el abogado penalista Andrés Garzón sostuvo en Semana Noticias que debido al cambio de competencia en el proceso en su contra hay nuevas reglas para solicitar la privación de la libertad. "La Fiscalía responde que es improcedente para ella tomar una decisión de fondo y por ello lo que dice es que hay que ir ante un juez de garantías, quien decidirá si el exsenador debe mantenerse o no privado de la libertad mientras se toma otra decisión", aseveró. Por su parte, ante la recusación que interpuso el senador Iván Cepeda en contra del fiscal Gabriel Jaimes, el también abogado Marlon Díaz advirtió en Semana Noticias que la complejidad del caso Uribe está en el traslado de sistemas y que las recusaciones que se presenten respecto de los fiscales, procuradores, y cuando no se trate de un funcionario juidicial, no suspenden la actuación procesal, sino que esta continúa vigente. "Por lo tanto, los caminos de una potencial solicitud de revocatoria o solicitud de libertad están abiertos si no están interrumpidos", declaró.
Los abogados coinciden en que se tiene que dar una discusión legítima sobre la posible revocación de la medida de aseguramiento contra el exsenador Uribe, con el fin de debatir los fundamentos que en su momento tuvo la Sala de Instrucción de la Corte para tomar su decisión. "En ese momento la competencia constitucional para imponer la medida de aseguramiento era de esa Sala de Instrucción, es una medida legítima tomada por la autoridad asignada para ello", indicó Díaz. Para Andrés Garzón, este limbo jurídico no puede afectar los derechos fundamentales de un ciudadano llámese como se llame. "Esa indeterminación de cómo debe adecuarse una actuación en otro lado no puede ser una carga que nosotros podamos imponerle legítimamente a un ciudadano que como regla general puede estar en libertad", comentó.
"Lo primero que deben determinar es si debe o no estar en libertad el exsenador independientemente de que existan o no, en este momento, las razones o los elementos de juicio para inferir que la medida es necesaria, proporcional y demás. Desde ese punto, lo primero que debe hacerse es tramitar la revocatoria de la medida de aseguramiento mientras que la Fiscalía decide si ella dentro de su autonomía de la Ley 906 de 2004 va a presentar una solicitud de medida de aseguramiento en contra del exsenador Uribe", declaró. A su vez, Marlon Díaz agregó que existen varías vías ante un juez de control de garantías para obtener la libertad, una puede ser incluso atacar la adecuación que hizo la Fiscalía al sistema de la Ley 906, específicamente por la inexistencia hasta ahora de una audiencia de formulación de imputación. "Lo segundo es intentar una revocatoria de la medida de aseguramiento", dijo.