La decisión la tomó la representante investigadora Kelyn Gónzález quien, después de varios meses de indagar sobre el expediente, encontró mérito suficiente para ordenar la reapertura del proceso e iniciar una investigación previa en contra del exmandatario por su presunta participación en el asesinato de Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en las afueras de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. En su decisión, la representante ordenó escuchar en versión libre al expresidente Samper y comisionó al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para la práctica de varias pruebas, entre ellas escuchar en declaración a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y al ex ministro Horacio Serpa.
En el auto de investigación, la representante hace un recuento del estado del expediente, y si bien reconoce que en el 2011 se inició una indagación previa, dice que el proceso sigue incólume. De acuerdo con el avance procesal, a fin de dar continuidad a las decisiones previas tomadas por esta Comisión, deberá tenerse en cuenta que a partir de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado hasta el día 5 de mayo del 2012 en el trámite procesal se han solicitado pruebas. Sin embargo, la apertura de procedimiento del 28 de marzo del 2011 permanece incólume, no obstante, se trata de un proceso de carácter penal, ya que lo que se tiene como objeto procesal es determinar si hay lugar a abrir investigación sobre la posible participación del expresidente Ernesto Samper en condición de determinador del homicidio del doctor Álvaro Gómez, luego correspondería en este momento dar apertura formal al trámite de investigación previa". De hecho, la representante explica que este proceso inició en el 2011 con base en una compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación por una declaración entregada por el señalado narcotraficante del Norte del Valle Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, en Estados Unidos, donde habla del crimen de Gómez Hurtado.
Explica que durante estos años el voluminoso expediente ha pasado por las manos de varios representantes en la Comisión de Acusación, quienes han tomado la decisión de iniciar la investigaciones previas y ordenar pruebas, incluso uno de ellos decidió que se debía llamar a indagatoria al expresidente Samper. Lo cierto es que hasta el momento, según fuentes consultadas en la propia Comisión de Acusación, ninguno de los investigadores ha tomado una decisión de fondo y el proceso se ha quedado en la práctica de pruebas.En este sentido, la representante, además de citar a versión al expresidente Samper, reitera la necesidad de practicar todas las pruebas que sean necesarias y de indagar ”sobre la declaratoria de crimen de lesa humanidad sobre el presente asunto a fin de determinar la prescripción de los hechos”. Con todo esto, dice el documento, se buscará establecer “si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal”.
También pidió a la Policía Nacional expedir copia de la hoja de vida de los oficiales Germán Osorio y del coronel en retiro Danilo González, asesinado en el 2014. Rasguño aseguró que González habría participado en la muerte de Álvaro Gómez.En el 2017, cuando la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad, aseguró que en el crimen estuvo implicado el cartel del Norte del Valle. “Fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento, de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los extraditables en la década de los 80”. Es más, hace unas semanas, por orden del fiscal general Francisco Barbosa, el expediente de Gómez, que estaba en la Unidad de Derechos Humanos, pasó a manos de un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia, porque dentro de la investigación aparece el nombre de un aforado, sin decir de quién se trataba. El presidente Iván Duque, el día que posesionó a Barbosa como fiscal general, le pidió que avanzara en las investigaciones por el magnicidio para que no quedara en la impunidad. El expresidente Ernesto Samper siempre ha manifestado que es inocente de todos los señalamientos que lo han querido vincular con este crimen y ha insistido en que es uno de los más interesados en que salga a la luz toda la verdad. Además de la versión de Samper, la representante ordenó escuchar a otras personas: Mauricio Vargas Linares, coautor del libro “El presidente que se iba a caer”; José Antonio Vargas, exsecretario general de la Presidencia; Juan Fernando Cristo, exasesor de comunicaciones de la Presidencia; Horacio Serpa, exministro de Gobierno; Santander Lopesierra, ex congresista; Álvaro Uribe, expresidente de la República; Germán Osorio Sepúlveda, exedecán del expresidente Ernesto Samper; Gabriel Puerta, quien en su momento sirviera como mediador entre los diferentes carteles de la droga; Fernando Botero Zea, exministro de Defensa; Andrés Pastrana Arango, expresidente de la República; general Roso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional; Carlos Alberto Lugo Álvarez.