La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto 558 de 2020 desató otro problema económico, pues deja deudas billonarias para el sector. Con el decreto se pretendía —por autorización del Gobierno— que las empresas y los trabajadores independientes disminuyeran temporalmente su cotización al Sistema General de Seguridad Social, durante los meses de abril y mayo, debido a la crisis financiera que trajo la covid-19.
Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, la agremiación de micros, pequeñas y medianas empresas formales, los aportes dejados de percibir por el Sistema General de Pensiones fueron de 2,3 billones de pesos en los dos meses en que se aplicó el beneficio, al hacer una comparación interanual con el recaudo del periodo de cotización de junio de 2019. Quintero aclaró que estas estimaciones están basadas en los registros tipo 2 de liquidación detallada de aportes, los cuales corresponden a la información reportada por el aportante y por cada uno de sus cotizantes.
La sentencia tiene efectos retroactivos, según la Corte Constitucional, lo que indica que todo vuelve a quedar igual que antes. Se tiene que pagar lo que se dejó de hacer durante esos dos meses. De esta manera, advierte Acopi, se pueden generar múltiples registros para un mismo cotizante en una planilla, ya que existe más de una novedad de ingreso o retiro en un mismo periodo que afectan el valor del ingreso base de cotización. Expertos en temas pensionales señalan que el fallo pone al Gobierno, a los empresarios y a los mismos trabajadores en un momento incómodo en el que la incertidumbre cobra protagonismo, pues se desconoce lo que pueda suceder con aquellos recursos que se dejaron de cotizar.
“Para el sector empresarial en general es muy preocupante porque no sabemos a qué se refiere con la retroactividad. La Corte insiste en que se está vulnerando el derecho a los trabajadores, pero según el Ministerio del Trabajo eso no es así y, por el contrario, alivia el flujo de caja debido a los pocos ingresos”, dijo Quintero. El gremio de las empresas pide al Gobierno nacional que se pronuncie y otorgue una hoja de ruta para poder actuar frente a este escenario. Una de las solicitudes que hacen es que no les cobren intereses de mora y que puedan hacer el pago por cuotas, debido a que para este momento la mayoría de los empresarios no tienen ingresos. “Para el sector empresarial esto es algo caótico (…) Estamos por pensar que es necesario un tercer paquete de apoyo que incluya un subsidio a la nómina”, indicó la presidenta de Acopi, manifestando que empresas que emplean a dos y tres personas no deberían quedar por fuera del beneficio. Para Quintero, es necesario que las medidas y los beneficios se extiendan hasta diciembre. Ver la entrevista completa: