El presidente de la República, Iván Duque, dio instrucciones precisas para que a partir del próximo 20 de julio el Congreso comience a discutir la ley reglamentaria que permitiría poner en marcha la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Se trata de una normativa requerida para desarrollar el Acto Legislativo que fue aprobado hace unas semanas en el Legislativo y que eliminó de la Constitución la prohibición de implementar esa pena en el país. El senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, ponente de la citada iniciativa legislativa, hizo un llamado al Gobierno para que, una vez sea radicado el proyecto, llegue con mensaje de urgencia y se acorten los tiempos de discusión y votación. De ser así, la aprobación de la norma estaría lista en un término de mes y medio y no de cuatro meses, como sería si se tramitara por vía ordinaria.
“¿Qué se va a hacer? Se va a establecer cuándo y cómo procede la prisión perpetua y para qué delitos. Así mismo, cuáles circunstancias de agravación punitiva debería tener en cuenta un juez para tomar la decisión de condenar, por ejemplo, si hubo sevicia, premeditación, tortura, vínculo de algún tipo”, explicó Pinto en diálogo con SEMANA Noticias. Otro de los puntos a tener en cuenta será legislar sobre la forma de reglamentar el control automático de legalidad. En el mismo sentido, reveló que un punto clave será la modificación que, para la cadena perpetua exclusivamente, tendrá el mecanismo de revisión y que operaría de manera distinta, entre otras cosas para seguir respetando la resocialización de la persona implicada en el delito. “No aplica a ninguna otra cosa que pueda dejar en libertad a un condenado a prisión perpetua por abuso sexual o asesinato de menores”, contó. Es de recordar que la reforma constitucional que avaló la cadena perpetua en Colombia tendrá que pasar primero por estudio en la Corte Constitucional, una vez aterrice la avalancha de demandas interpuestas por varios abogados que no respaldan esta posibilidad. Y aunque el tribunal no puede pronunciarse de fondo sobre los actos legislativos, sí podría apelar a la llamada doctrina de la sustitución de la Constitución. Consultados por SEMANA Noticias, algunos magistrados afirmaron que el acto legislativo no tendría mucho futuro en la discusión que se adelante, habida cuenta del debate que genera la presunta sustitución de la Constitución en la que habría incurrido el Legislativo al violar principios de la Carta Política. Es decir, se habrían presentado vicios de competencia, aclaró un togado a SEMANA Noticias.