La Contraloría presentó un informe en el que hace referencia a las decisiones contractuales que ha tomado la alcaldía de Cartagena para atender la crisis del coronavirus en esa capital. El documento, que está firmado por Freddy Quintero Morales, contralor distrital de Cartagena, indica que no se da un concepto favorable respecto a toda la gestión contractual que adelantó durante el tiempo previsto y de envío a ese organismo de control.
“El acto administrativo de declaratoria de calamidad pública presenta una falta de técnica en su elaboración, consistente en que en su fundamento se omiten los hechos que dan origen a su declaratoria; que aunque tiene un sustento en los hechos acaecidos a nivel internacional y nacional relacionados con la emergencia del covid-19, no son solo estos los hechos que consecuentemente provocan que la situación se convierta en calamitosa para la ciudad; habida cuenta que estos deben ser analizados de forma singular para cada ente territorial, que debe afrontar contingencias especiales de cara a su realidad particular; pues si bien es absolutamente claro resolver que la ciudad no está preparada para la emergencia que supone enfrentar el covid-19, eso no es lo que puede concluirse del tenor de los considerandos expuestos por el ente territorial en su acto administrativo”, dice el documento. El pronunciamiento de la Contraloría se basa en que en la gestión presupuestal “no se han observado de forma rigurosa los principios de eficiencia y eficacia del gasto público”, por lo que no se puede dar un concepto a favor de la Alcaldía con relación a todos los contratos que se han firmado durante la pandemia. “De todas las actividades que priorizó el Distrito para contratarse con cargo a los recursos del traslado presupuestal, no fueron incluidas actividades tan sensibles como el fortalecimiento de la red hospitalaria que según las actas de reunión del Consejo de Riesgo Distrital, se encuentra en crisis; mientras otras ciudades del país ya se encuentran casi a tono para la atención de un aumento en casos de contagio que requerirán atención hospitalaria, en Cartagena aún no se implementan estas medidas consignadas en el plan de atención”, dice el documento.
Así las cosas serían cinco los contratos que, según la Contraloría, no se debieron firmar bajo la urgencia manifiesta y por eso se hacen las observaciones en materia contractual. Uno de los contratos adjudicados por el despacho del alcalde William Dau fue suscrito con la Corporación del Desarrollo Humano, por $339 millones para atender a la población en condición de calle, pero la Contraloría advierte que es un programa que se adelanta anualmente y no es consecuencia de la pandemia. Los otros cuatro contratos cuestionados tienen relación con pauta publicitaria en medios de comunicación y allí la Contraloría señala que toda la información relacionada con el coronavirus debería difundirse gratuitamente sin mediación de contrato alguno. Por ahora el alcalde de Cartagena no se ha referido a este informe de la Contraloría.