Asonal Judicial, a través de Freddy Machado, aseguró a Semana Noticias que desde la rama judicial ven "imposible" que en una semana salgan a prisión domiciliaria 1.000 internos de las cárceles del país a raíz del decreto de excarcelación.El director del Inpec, brigadier general Noberto Mujica, reveló en una rueda de prensa este lunes que desde el Instituto calculaban que saldrían unos 1.000 presos beneficiados con el decreto emitido la semana pasada por el Gobierno nacional, que otorga este beneficio para personas con alto riesgo de mortalidad en caso de ser contagiadas.
Sin embargo, los jueces dijeron a Semana Noticias que no es viable teniendo en cuenta que desde hoy se determinó, por medio de una directriz, que únicamente debe recibirse a través del Inpec el listado de privados de la libertad que soliciten el estudio de su caso para que les sea otorgada la prisión domiciliaria de forma temporal. Semana Noticias pudo conocer que los jueces de ejecución de penas recibieron ayer una veintena de solicitudes de excarcelación por parte de familiares y representantes de presos, las cuales serán tramitadas "por el conducto regular" y no como solicitudes aplicadas al decreto de emergencia carcelaria.Por otra parte, hasta las 9 de esta mañana, según el protocolo, el Inpec podía enviar ese listado y a la oficina de jueces de ejecución de penas no había llegado ninguna solicitud. Agregaron que, a pesar de que el decreto establece que los jueces tienen un máximo de 5 días hábiles para dar respuesta a la solicitud del interno, calculan que se demoran, al menos, un día en responder cada caso. En el mejor de los escenarios, dijeron, si el Inpec envía el listado de internos este miércoles 22 de abril, los jueces tendrían margen para trabajar en un centenar de casos en Bogotá.
Machado explicó que este cálculo que ellos estiman, no se debe a una falta de voluntad por parte de la rama judicial sino a que los jueces de ejecución de penas no tienen la planta de personal suficiente. "Somos del criterio de que si se expide un decreto para dar beneficios a un número determinado de personas (privadas de la libertad), tenía que ampliarse la planta de jueces de ejecución de penas", añadió.??Esto significa que, a las críticas recibidas por un decreto al que, según el Ministerio de Justicia, podrían acogerse 4.000 internos (esto es un 3% de la población carcelaria) se le suma la lentitud en el sistema judicial, lo cual pone nerviosos a los internos que ven cada vez más lejana su excarcelación y más cercana la posibilidad de contagio teniendo en cuenta que ya hay 30 en tres cárceles del país: Villavicencio, Las Heliconias, en Florencia, y La Picota en Bogotá (esta última, una de las principales del país donde se encuentran más de 9.000 reclusos).